Comienza la cuenta atrás para la solicitud de la nueva PAC 2015

  • El plazo comienza el 1 de marzo y termina el 15 de mayo. Las cesiones de derechos y las condiciones de las ayudas agroambientales son dos de los temas que más preocupan

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A menos de una semana del comienzo del plazo para solicitar los pagos y la asignación de derechos de la nueva PAC, hay cierto nerviosismo entre los agricultores a los que les surgen dudas e inseguridades que se plasman en un aumento considerable de las consultas a las organizaciones agrarias y a la Administración. Entre los asuntos que más preocupan están las cesiones de derechos de la PAC -que este año son especialmente problemáticas- o las condiciones de las ayudas agroambientales -que a estas fechas la Junta de Andalucía aún no ha desvelado-. Otra incertidumbre es la cuantía que tendrán finalmente las ayudas, ya que sólo se sabe algo de cómo será el método de cálculo. El plazo para la solicitud de la PAC comienza la semana que viene -1 de marzo- y acaba el 15 de mayo.

Mientras que en el verano y el otoño, fueron las condiciones del greening las que centraron las dudas de los agricultores respecto a la nueva PAC, pues era el momento de planificar las siembras de forma que se cumplieran los porcentajes requeridos para poder cobrar ese 30% de las ayudas que se somete a criterios medioambientales, ahora las preocupaciones principales se refieren a otros aspectos de la nueva normativa, como es el cumplir la condición de ser agricultor activo o de que haya actividad agraria, aunque estas son condiciones que superan con facilidad la mayor parte de los agricultores y ganaderos. Más complicado es el asunto de las cesiones o transferencias de derechos, o si conviene o no pedir las ayudas agroambientales que hay que solicitar junto a la PAC, y de las que de momento no hay información oficial de la Junta de Andalucía que no las ha publicado.

Sobre las transferencias de derechos, Antonio Caro, jefe de los servicios técnicos de Asaja Sevilla dice que como consejo general "en un año como es este, de asignación de derechos, lo mejor es no moverse mucho". Pero luego vienen los imponderables, pues hay cuestiones inevitables como es el fallecimiento y las herencias de derechos, o la necesidad de vender o arrendar, que obligan a enfrentarse al asunto y a las nuevas normas que se aplican este año. Así, Caro destaca que entre las pautas que entran en vigor está, por ejemplo, que "no se pueden transferir derechos sin tierras, algo que se podrá volver a hacer en 2016 pero con nuevas condiciones, pero este año no se puede". La explicación a este tema, es básica: este año no se pueden transferir derechos porque en principio no existen. Ya se acabaron los derechos de la anterior PAC y aún no se han asignado los nuevos derechos. Como dice el técnico de Asaja, este año no hablamos de transferir derechos sino de "derechos a tener derechos". En este sentido, en Asaja recomiendan a los agricultores y ganaderos poner especial atención en los contratos de compraventa o arrendamiento a los que hay que añadir cláusulas contractuales específicas en las que definir estos asuntos.

Otra novedad que destaca Antonio Caro, y que afecta a los contratos de arrendamientos o alquiler, es que este año tanto el arrendador como el arrendatario tienen que cumplir la condición de ser agricultor activo. En este sentido, hay que recordar que hay una norma básica que hay que cumplir para ser considerado como tal: la conocida como regla 20/80 que quiere decir que al menos el 20% de los ingresos agrarios de ese agricultor o explotación tienen que proceder del mercado, es decir, de la venta de los productos agrarios. Evidentemente, hay salvedades a esta regla como es el caso de quienes se inician en el campo y que no tienen ingresos agrarios en el año anterior. Para este caso, la demostración de esos ingresos se pospone al siguiente año fiscal e incluso a años posteriores en el caso de algunos cultivos -como podría ser el olivar y otros- que tienen un periodo más largo para entrar en producción.

La norma del agricultor activo no sólo se aplica a personas físicas sino también a las jurídicas y a las comunidades de bienes y sociedades civiles, que son fórmulas ampliamente usadas en el mundo agrario para llevar con más rentabilidad explotaciones con varios titulares en cuanto a la propiedad. Un ejemplo habitual es el de varios hermanos que heredan una finca y en vez de fraccionarla siguen explotándola en conjunto y para ello forman una comunidad de bienes o una sociedad civil, que no mercantil. En estos casos, los derechos de la PAC se asignan a la comunidad de bienes o a la sociedad civil y es por tanto a esta a la que se pide que cumpla la norma del 20%. Para hacerlo, según el experto de Asaja, se ha optado por la cumplimentación de un impreso (modelo 184) en el que se calculan los ingresos agrarios de la comunidad o sociedad civil y luego ya -a efectos fiscales- esos ingresos se atribuyen a cada uno de los comuneros. Estas cuentas son más complicadas en el caso de las sociedades mercantiles, que también están obligadas a ello.

Otro asunto en el que hay que poner cuidado a la hora de hacer la solicitud de la PAC este año es revisar que se cumplen bien las condiciones del greening. En este sentido, Antonio Caro avisa de que hay que comprobar que se ha hecho bien pues "aún se está a tiempo, si hay algún error en los cálculos, de corregirlo con los cultivos de primavera".

En cuanto a la petición de las ayudas agroambientales, que se solicitan a la vez que la PAC, en el mismo acto y en el mismo plazo, en Andalucía hay un problema añadido, que no se está dando en otras zonas de España, y es que la Junta de Andalucía aún no ha publicado como serán estas ayudas ni ha dado a conocer las condiciones en que se ofertan. Así, los agricultores andaluces no pueden a estas alturas saber si les interesa pedirlas o no.

Según explica Antonio Caro, la Junta sólo ha entregado a las organizaciones agrarias "un par de papeles que no dicen nada" en los que se avanza la cuantía aproximada que podrían tener estas ayudas pero no las condiciones que comporta el recibirlas. "La ayuda puede ser muy alta o muy baja, pero lo importante es saber a qué me obliga, pues si me dan mucho dinero pero me obligan a gastar mucho puede ser que no interese, teniendo en cuenta además que el agricultor o el ganadero tiene que adelantar ese dinero; y al contrario puede ser poco pero si las condiciones son buenas, ser interesante". En definitiva sin esos pliegos de condiciones, los agricultores no tienen la información necesaria para decidirse.

El problema es que los Planes de Desarrollo Rural de los que proceden estas ayudas no están aprobados por Bruselas, que sólo ha dado el visto bueno al acuerdo marco general que no tiene consignaciones presupuestarias. En el caso de España se trata de 18 planes -los 17 autonómicos más el nacional- y que probablemente no se aprueben antes de mayo. Sin embargo, muchas comunidades autónomas han publicado ya las condiciones de estas ayudas agroambientales, ya que es algo que Bruselas permite y que se puede hacer con cierta seguridad si se ha consensuado previamente con el funcionario de la UE que tiene encargado el seguimiento del plan regional en cuestión. Entre las autonomías que sí las tienen publicadas cabe citar a Castilla y León o La Rioja, por poner ejemplos.

Las ayudas agroambientales son muchas y muy importantes para agricultores y ganaderos, pues son acuerdos a cinco años. Entre ellas destacan la de agricultura o ganadería ecológica, las razas autóctonas, las zonas esteparias, o las ayudas a la remolacha, el algodón o el arroz entre otras. En el caso del arroz, por ejemplo y según cita Antonio Caro, la Junta ha hablado de una ayuda de entre 100 a 120 euros por hectárea, pero las condiciones no están bien definidas lo que causa a los agricultores la duda de si les conviene o no pues aceptarlas implicaría dejar islas y márgenes sin cultivas. Más grave es, según este experto, el tema de la remolacha que está sembrada en el campo desde el otoño y sin embargo no se conoce ni la cuantía ni las condiciones de la ayuda. En este caso, la Junta ha hablado de unos 300 euros por hectárea, pero no de las condiciones. Antonio Caro contrapone la situación en Andalucía de la que hay en Castilla y León, en donde la ayuda está publicada y es de 400 euros en unas condiciones muy aceptables para los agricultores, que además conocen la cifra con tiempo antes de la siembra, que en su caso es de primavera.

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