Aguayo defenderá hoy que no actuó porque la Intervención no lo requirió

  • La ex consejera de Economía aseguró en su declaración en el TSJA que no leyó los más de 100 informes que cada año le enviaba el interventor porque ninguno de ellos alertaba de menoscabo

La ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo conversa con Francisco Vallejo en una de las sesiones del juicio. La ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo conversa con Francisco Vallejo en una de las sesiones del juicio.

La ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo conversa con Francisco Vallejo en una de las sesiones del juicio. / julio muñoz / efe

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La ex consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo defenderá hoy, en su declaración en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que no actuó ante las presuntas irregularidades relacionadas con el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas porque la Intervención General de la Junta no lo requirió, dado que este órgano de control únicamente advirtió en sus informes de simples "discrepancias contables" y no de un menoscabo de fondos públicos, lo que hubiera conllevado la emisión por parte del interventor de un "informe de actuación".

Con Carmen Martínez Aguayo, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, el juicio encara el final de las declaraciones de los acusados, dado que ya sólo quedan por ser interrogados siete de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo.

La ex consejera Carmen Martínez Aguayo ya declaró en relación con estos hechos el 8 de abril de 2015, cuando compareció ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pasquau Liaño, que abrió la causa contra los entonces aforados. Aguayo reconoció entonces que no se leyó los más de 100 informes que la Intervención General le remitía cada año porque todos ellos se emitían con carácter de normalidad, conforme al artículo 12.3 del decreto 9/1999, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía. Ninguno de los dictámenes que recibió, según Aguayo, planteaban la realización de un "informe de actuación", recogido en el artículo 12.5 y que debía hacerse en el caso de que los responsables de la gestión controlada no adoptaran las medidas para solventar las deficiencias observadas.

"Recibí una media de 80-90 informes cada año, algunos más de 100, y los recibí para tener conocimiento cabal de que la Intervención cumplía con su trabajo, y en ningún momento la Intervención requirió ni elevó ni advirtió de informe de actuación sobre el programa 31L ni las transferencias de financiación", precisó en aquella comparecencia.

Aguayo reconoció, asimismo, que no trató el asunto con Griñán, cuando ella era viceconsejera, ni con el consejero de la Presidencia ni con el presidente la Junta porque por parte de la Intervención "no se requirió ninguna actuación y nada tenía que comentar".

La ex consejera añadió que la Intervención tenía un "sinfín de instrumentos reglados para llevar su control a donde considere oportuno" y el interventor "actuó y controló y lo que detectó fueron discrepancias contables".

De la misma forma, defendió que existía "fiscalización previa de las transferencias de financiación, fiscalización de los pagos concretos, de las modificaciones presupuestarias, y existía el Control Financiero Permanente cada año", por lo que no cree que hubiera una "falta de control".

Aguayo también defendió el uso de las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al IFA/IDEA para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas, y afirmó que es una figura que se utiliza en el conjunto de las administraciones públicas y también por la Administración General del Estado para hacer allegar fondos a empresas, dado que es una figura de utilización "normalizada y común en la administración". Y así puso como ejemplo un caso en la Administración estatal, un convenio suscrito entre el Imserso y la ONCE para la concesión de ayudas.

Las transferencias están "claramente reflejadas en la ley de presupuesto" y son aprobadas por el Parlamento, por lo que nunca se le "pasó por la cabeza" que pudieran ser ilegales.

La ex consejera también indicó que "no es verdad" que la fiscalización previa sea mejor que el Control Financiero Permanente, y este último no supone un menor control porque "implica la elaboración de tres informes: el informe de cumplimiento, el informe de cuentas anuales y el informe de programas y consecución de objetivos, que dan una capacidad de análisis mucho mayor que la simple fiscalización o no de una partida de gasto".

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