La juez Alaya se defiende de las críticas sobre su interferencia en las campañas electorales. La magistrada que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, entre otras macrocausas, ha rechazado la petición de las defensas de los ex consejeros de Economía Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila Cano de suspender la ratificación del informe pericial elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y lo ha hecho en un auto en el que la magistrada califica de "interpretación sesgada y alejada de la realidad" que haya intereses espurios en la fecha elegida para dicha prueba.

En un auto fechado el pasado miércoles, Alaya considera que la citación de los peritos de la IGAE ha sido "señalada con antelación suficiente para no interferir en el proceso electoral", por lo que rechaza que ese señalamiento "pueda tener alguna finalidad espuria distinta del cumplimiento de la legalidad, de conformidad con el artículo 434 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

La juez añade que no debe olvidarse que "tras las elecciones autonómicas se suceden a corto plazo las municipales y posteriormente las elecciones generales, de manera que si esta instructora fuera de la misma opinión que los solicitantes, no practicaría prueba alguna en éste y en otros procedimientos en el transcurso de un año, porque siempre las mismas podrían justificarse maliciosamente por la existencia de algún evento político o electoral", asevera Alaya, que aprovecha este mismo auto para dar por "comparecidos en la presente causa" a los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila Cano.

La defensa de ambos ex consejeros había presentado un escrito pidiendo la suspensión de la ratificación de los peritos, al considerar que se había producido un cambio de criterio "injustificado e injustificable" por parte de Alaya, después de que en septiembre pasado señalara que esta ratificación debería producirse en la "sede definitiva", en alusión al Tribunal Supremo por la presencia de los aforados.

Los ex consejeros habían advertido a la juez del "panorama singular" en el que se podría la citación de los peritos, una vez convocadas las elecciones autonómicas del próximo 22-M, por lo que en poco más de un mes se conocerá la nueva composición del Parlamento andaluz y entonces se sabrá también "las personas que siguen siendo aforados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por su condición de diputados al Parlamento andaluz".

El escrito firmado por el abogado Víctor Moreno Catena recordaba las declaraciones realizadas por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, respecto a que este tribunal intentaría "importunar lo menos posible" en las elecciones al tramitar la causa contra cuatro aforados, y añadía lo siguiente: "Este elemental sentido de la prudencia aconseja hacer lo propio en el juzgado de Instrucción, sin ordenar de improviso actuaciones demoradas por más de un año, procurando que no se pueda interpretar una decisión judicial como un acto que llegue a influir en el proceso político en curso".

La defensa criticaba que la ratificación del informe sin la presencia e intervención de los aforados, además de provocarles indefensión, se convertía "en una especie de frenética carrera de velocidad en la tramitación de distintos procedimientos judiciales, para ver quién es el primero en realizar y capitalizar una diligencia".

El letrado de ambos señala que al estar la causa de los ERE en tres instancias -el juzgado de Alaya, el TSJA y el Tribunal Supremo-, en la fase de instrucción "no es concebible una peregrinación de los mismo peritos llamados a ratificar un mismo informe ante tres instructores diferentes, según la conveniencia o el criterio de cada uno", por lo que opinaba que la decisión de Alaya supondría una "extralimitación" de sus competencias al invadir las de otro tribunal.