Alaya imputa a dos directores de Trabajo y extiende la causa a otras 5 consejerías

  • El actual responsable, Daniel Alberto Rivera, y su predecesor en el cargo, Juan Márquez, figuran entre los 18 nuevos imputados por la juez. Francisco Javier Guerrero declarará el próximo 23 de febrero

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La juez Mercedes Alaya volvió ayer a dar un nuevo y decisivo impulso a la investigación de las irregularidades relacionadas con los ERE vinculados a empresas en crisis, al acordar la imputación de otras 18 personas, entre las que se destacan el actual director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, y su antecesor en el cargo, Juan Márquez Contreras.

Pero el auto de la juez va más allá porque, a pesar de que en su día el Gobierno andaluz lo negó, la magistrada ha ampliado la investigación de las ayudas concedidas por el mismo sistema por otras cinco consejerías: Gobernación; Presidencia; Innovación, Ciencia y Empresa; Turismo y Deporte; y Medio Ambiente. En un nuevo auto dictado ayer, la instructora acuerda en concreto requerir a la Agencia IDEA (antiguo IFA) para que remita al juzgado un cuadro resumen de las ayudas abonadas mediante transferencia de financiación correspondientes a estas consejerías en el período comprendido entre 2001 y 2010.

De la misma forma, la instructora ha ordenado a la Junta que aporte las comunicaciones realizadas a la Comisión Europea a la hora de conceder ayudas directas a empresas superiores a 200.000 euros en tres ejercicios fiscales o a 100.000 en el caso del sector de transportes. Con esta petición, que también ha sido cursada al Ministerio de Asuntos Exteriores -para que entregue la relación de ayudas de Estado concedidas a empresas por las diferentes consejerías-, la instructora quiere averiguar si la Junta informó a las autoridades comunitarias porque en caso de que se superen esos umbrales, "es absolutamente necesaria la autorización de la Comisión Europea para su concesión", porque repercuten sobre la competencia y el comercio intracomunitario.

La juez advierte que si estas ayudas directas no han sido notificadas, "deberían ser objeto de recuperación el Estado en virtud del principio de cooperación leal, pudiendo a su vez el Estado incurrir en responsabilidad por inobservancia de la normativa comunitaria".

La imputación del actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera y de su antecesor, Juan Márquez Contreras, se produce en relación con la orden de pago de la póliza de la empresa Surcolor -donde aparecieron dos intrusos además de los 24 trabajadores despedidos- que éstos firmaron con fechas 1 de septiembre de 2010, 21 de diciembre de 2009 y 25 de febrero de 2010. Como consecuencia de las ayudas concedidas a esta empresa, en la que ni siquiera se tramitó el preceptivo ERE, la prima de la póliza ascendió a 2,6 millones de euros, mientras que las indemnizaciones por despido en las conciliaciones del CMAC ascendían a 1,5 millones, lo que supone más de un millón de euros de diferencia, que la juez no duda en calificar como un "dispendio en que habría incurrido intencionadamente la Junta de Andalucía a través de sus altos cargos".

Entre los 18 nuevos imputados por la juez, de los que por el momento sólo ha citado a declarar al ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero para el próximo 23 de febrero, se encuentran empresarios, varios abogados de los bufetes Garrigues y Estudios Jurídicos Villasís, dos responsables de la aseguradora Vitalia, que medió en varios ERE, y representantes sindicales de CCOO como el actual secretario general de la Federación de Industria en la provincia de Sevilla, Juan Antonio Caravaca.

La juez también analiza en este auto el papel de las entidades mediadoras como Vitalia, de la que afirma que "carecía de autorización para actuar como correduría de seguros" y que según Mercedes Alaya cobró 964.204,66 euros en gastos de comisiones superiores a la media del mercado en la tramitación de los ERE de Calderinox, Río Grande y Acyco. "Resulta inaudito que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo admitiera estos sobrecostes [en algún caso de hasta un 20,51%], y que estas entidades además no tenían autorización administrativa para actuar", concluye la magistrada.

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