Alaya defendió recientemente en un auto que no interfería en las elecciones y lo justificó argumentando que en todo este año, con tres citas electorales, no podría practicar ninguna diligencia. Ni una cosa ni otra. Lo cierto es que Alaya rescató ayer una causa que tenía paralizada desde el mismo momento en que la abrió, en enero pasado, para darle un impulso que llega en plena precampaña de las elecciones autonómicas.

Con el nuevo auto arranca la investigación sobre las posibles irregularidades en los avales y préstamos concedidos por el IFA/IDEA entre 2008 y 2013, y para empezar la práctica de las diligencias, la juez ha encargado un amplio y exhaustivo informe pericial a los expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han elaborado el dictamen de los ERE fraudulentos. Alaya también ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la realización de un atestado y ha reclamado abundante documentación a la Junta. Por último, ha imputado en esta incipiente macrocausa a cuatro ex altos cargos, a los que atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y que comparecerán entre el 5 y el 8 de mayo, coincidiendo con el inicio de otra campaña electoral, la de las municipales. La imputación se produce, según explica, por la "activa participación" que tendrían en el ejercicio de sus respectivos cargos en IDEA y en la Consejería de Innovación "en la ejecución de los hechos investigados".

Los imputados en la causa son el ex consejero de Innovación Martín Soler, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el ex director general de IDEA Jacinto Cañete y el que fuera secretario general de la Consejería de Innovación Juan Francisco Sánchez García. Se trata de cuatro personas que ya estaban imputadas en las diligencias de los ERE.

Fuentes del PP, que ejerce la acusación popular en esta causa, aseguran que la importancia de la causa consiste en que, a diferencia que en la investigación de los ERE, respecto a los avales todas las ayudas concedidas de más de 1,2 millones fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta, constando dichos acuerdo publicados en el BOJA. En el nuevo auto, que tiene fecha del 24 de febrero, Alaya ordena la práctica de nuevas diligencias al objeto de dar "el adecuado impulso procesal" a la diligencias 545/2014, que se abrieron en enero del año pasado.

La primera de las diligencias que ha ordenado la magistrada consiste en la elaboración de un informe pericial en el que Alaya reclama a los peritos que se pronuncien, entre otros extremos, sobre si constituye un incumplimiento de la legalidad vigente, "generador de posible menoscabo de fondos públicos, la situación producida en IDEA en el ejercicio 2009 de superación del límite presupuestario en la concesión -por delegación del titular de la Consejería de Innovación- de créditos o avales a empresas relativas a este tipo de ayudas". Dice la juez que el artículo 29.5 del Presupuesto para ese ejercicio fijaba en 18 millones de euros el importe "máximo de avales" mientras que el total de los avales formalizados por IDEA en ejecución del encargo realizado por Innovación en dicho ejercicio ascendió a 71.284.198 euros, lo que cuadriplicaba el máximo.

La juez quiere saber con este peritaje el montante de los fondos públicos "recuperados" y si se han realizado las operaciones de comprobación necesarias para "acreditar la adecuada justificación, control y seguimiento de las ayudas" de acuerdo con la orden de 5 de noviembre de 2008.

De otro lado, la juez ha dado un plazo de 20 días a la Junta de Andalucía para que aporte abundante documentación, entre la que destacan los expedientes de propuestas de acuerdo del Consejo de Gobierno, las actas de la comisión de viceconsejeros previa a dicho Consejo de Gobierno del 14 de octubre de 2008, y el propio acuerdo del Consejo de Gobierno, así como los informes de cumplimiento y e cuentas anuales de IDEA realizados por la Intervención General de la Junta de los ejercicios 2008 a 2013, y los informes adicionales que se hayan efectuado en relación a estas ayudas con sus correspondientes documentos de remisión "a los diversos destinatarios".

En cuanto al atestado encargado a la Guardia Civil, Alaya pide que se analicen si existen "iniciales indicios de delito en las ayudas derivadas de la orden de 5/11/2008, entre otras razones por conceder en 2009 avales que superaban cuatro veces el techo presupuestario y por financiarse con transferencias de financiación de capital por parte de Innovación o por no perseguir el reintegro de las mismas mediante los servicios de recaudación de la Agencia Tributaria". También les pide que se pronuncien sobre si la "concesión o gestión ilícita puede o no extenderse a los avales y préstamos concedidos por IDEA con anterioridad a esta línea de ayudas y al margen del programa 31L".