La juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha solicitado a la Fiscalía de Anticorrupción que se pronuncie otra vez sobre la pensión de alimentos solicitada por el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández.

En una providencia, la magistrada señala que, "a la vista de la pieza de situación patrimonial de Antonio Fernández aportada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dese de nuevo traslado al Ministerio Fiscal por término de cinco días a fin de que alegue lo que a su derecho convenga respecto" a la solicitud planteada por el exconsejero.

Cabe recordar que la Fiscalía, en un escrito de 20 de enero, no se opuso a que se le conceda una pensión mensual de 1.359,07 euros al imputado con cargo a la indemnización de 37.935 euros que le correspondió por su despido de la empresa González Byass y que le fue embargada por la magistrada. El Ministerio Público elevó un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que no se opone a que se le conceda al ex consejero una pensión de 710,47 euros para el pago de la hipoteca de su vivienda y de 648,60 euros en concepto de salario mínimo interprofesional, lo que hace un total de 1.359,07 euros.

La Fiscalía no se opuso al tener en cuenta que éste, a raíz de su imputación en el caso ERE, tiene embargado su patrimonio y sus cuentas bancarias, pero la juez le pide que se pronuncie de nuevo en virtud de los datos conocidos a raíz del informe sobre la situación patrimonial del encausado entregado por la UCO.

En base a este informe, la juez ha imputado un delito continuado de cohecho al exconsejero de Empleo por haber recibido "dádivas" o "regalos" por valor de 602.806,72 euros a cambio de la concesión de subvenciones sociolaborales, hechos por los que lo ha citado nuevamente a declarar el 3 de marzo.