Lejos de cerrar la macrocausa de los ERE fraudulentos, Alaya parece decidida a extenderla. La juez ha dictado un nuevo auto, que tiene fecha del pasado 23 de diciembre, en el que la instructora ha acordado ampliar la investigación a las "empresas públicas" de la Junta, entre ellas las entidades Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa, de las que ha reclamado los expedientes "íntegros" de los programas de Control Financiero Permanente de los años 2005, 2006 y 2007. La ampliación de la investigación por parte de Alaya se produce precisamente sobre unos hechos que ya está investigando otro juzgado de Sevilla, el de instrucción número 16, que también instruye el sumario de las irregularidades detectadas en la sociedad de capital riesgo Invercaria.

En el nuevo auto, Alaya reclama a la Intervención General de la Junta los informes adicionales de la memoria efectuada por este organismo que se hubieran realizado en estas seis entidades o "en cualquier empresa pública, por afectar las irregularidades detectadas a resultados o a la clasificación de sus activos y pasivos y por supuestas deficiencias en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por las Consejerías para el envío de fondos a aquéllas, con elusión de la fiscalización previa, a fin de determinar el paralelismo entre lo acontecido con la agencia Idea con lo ocurrido en otras empresas públicas". Es decir, la magistradas quiere averiguar si en estas empresas también se ha utilizado el sistema de las transferencias de financiación en la forma en la que se usó para el pago de las ayudas sociolaborales vinculadas a los ERE.

Alaya señala que resulta "especialmente importante" para la instrucción de la causa conocer las directrices anuales marcadas por el Consejo de Gobierno para el programa de Fiscalización Permanente para las empresas de la Junta de Andalucía, por lo que ha requerido igualmente a la Consejería de Hacienda los "expedientes íntegros, tal y como fueron remitidos por la Intervención General de la Junta de las propuestas de acuerdo de Consejo de Gobierno relativos a dichos programas de los años 2005, 2006 y 2007". La juez llega a reclamar incluso el detalle que obre en dicho expediente, como las "notas de conclusiones de los trabajos realizados" en cada ejercicio económico.

El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, abrió en noviembre de 2013 nueve causas más para investigar a otras tantas empresas públicas de la Junta de Andalucía -entre ellas algunas tan relevantes como la RTVA, Extenda, Egmasa o Turasa- que también podrían haber utilizado el mecanismo de las transferencias de financiación, un instrumento que la juez Mercedes Alaya ha considerado inadecuado por lo que se refiere a su utilización para el pago de las ayudas vinculadas a los ERE.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó la apertura de las nuevas causas para investigar las ayudas concedidas desde el año 2003 a estas empresas públicas, entre las que figuran la empresa de gestión de programas culturales, la empresa pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, la empresa pública Deporte Andaluz (Epdasa), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), Gestión Integral de Arquitectura y Servicios Afines (Giasa), la RTVA, la Empresa de Turismo Andaluz (Turasa), y la Empresa Pública de Suelos de Andalucía (Epsa).

El Ministerio Público consideró que estas empresas y agencias han utilizado el mecanismo de las transferencias de financiación para el abono de "subvenciones excepcionales y encargos de ejecución que no han sido objeto de fiscalización previa", a pesar de que era exigible en ambos casos, por lo que concluyó que deben investigarse los hechos en un procedimiento distinto al de Invercaria e incluso al de los ERE fraudulentos que instruye Mercedes Alaya. La Fiscalía advirtió entonces que era necesario investigar si la utilización de este procedimiento puede ser constitutiva de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos, si "existe menoscabo" de los fondos públicos.