Alaya rectifica y no investigará el patrimonio de los familiares del ex consejero de Empleo

  • La juez mantiene la imputación contra Antonio Fernández en la investigación de los ERE

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La juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) vinculados a empresas en crisis, ha rectificado su anterior decisión de investigar el patrimonio de los familiares del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, contra el que mantiene no obstante su imputación en el proceso.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que estima parcialmente el recurso de la defensa de Antonio Fernández contra otra resolución dictada en mayo de 2011, en la que la juez acordó investigar el patrimonio Antonio Fernández y lo extendió a su familia extensa, incluidos cónyuges, padres, hijos, y hermanos y sus parejas.

La Fiscalía pidió que se investigara el patrimonio del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y de sus familiares, y la juez Alaya decidió ampliarla a los familiares de Antonio Rivas, al supuesto conseguidor Juan Lanzas, y al ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas. Ahora, una vez que la investigación ha avanzado "unos meses", la instructora cree que "existen indicios de efectivo enriquecimiento ilícito por parte de Guerrero y por parte de Lanzas", el primero a través de actuaciones como el supuesto pago de cocaína, fiestas y copas denunciado por su ex chófer, y el segundo a través de las pólizas que recibieron él y sus familiares. "No acontece lo mismo con Rivas y Fernández, de los cuales al menos hasta ahora, y sin perjuicio de lo que posteriormente se descubra, no existen indicios de que haya habido por éstos un efectivo enriquecimiento ilícito", por lo que la juez excluye a los familiares del ex consejero de Empleo y del ex delegado de la investigación patrimonial ordenada.

La juez aprovecha el auto para reiterar los "importantes indicios " de una actuación delictiva que, en su opinión, hay contra Antonio Fernández, del que "existe en la causa material suficiente para presumir que ese enriquecimiento se pretendió, pero finalmente no se consiguió, bien por presiones, bien por el devenir de los acontecimientos". Para la magistrada, en cualquier caso "al menos por ahora no está justificada" la investigación patrimonial de los familiares de ambos.

El auto, de fecha 17 de enero, se extiende a la hora de concretar la imputación del ex consejero de Empleo, del que la juez Alaya reitera que era "perfecto conocedor" de todos los reparos que había planteado la Intervención General de la Junta al procedimiento empleado para la materialización de las ayudas públicas, y también de su inclusión en las pólizas de prejubilación derivadas del ERE de la empresa González Byass, hecho que se produjo el 1 de mayo de 2008 cuando era consejero de Empleo.

Dice la instructora que "por su posición privilegiada como consejero de Empleo debió impulsar, o al menos tener cabal conocimiento" de la firma del protocolo de colaboración entre Guerrero, subordinado suyo, y la asociación de antiguos trabajadores de González Byass. "Existen indicios para pensar que la renuncia final del hoy inculpado a la percepción de tales cantidades pudo venir forzada y motivada por el devenir de las presentes actuaciones iniciadas en el mes de enero de 2011", concluye el auto.

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