Análisis

Andalucía, ¿'estado fallido'?

  • Existen conductas que impulsan en esa dirección: adelanto electoral, instituciones ineficientes, deterioro de la sanidad y la educación, elevado paro y alto riesgo de pobreza y exclusión social.

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CUANDO a mediados de los 90 los norteamericanos acuñaron el término estaban pensando en los estados que incumplen los protocolos internacionales de seguridad y se convierten en amenazas potenciales para sus ciudadanos. El rasgo definitorio de un estado fallido es la incapacidad para administrar en su territorio el monopolio legítimo de la violencia, aunque el progresivo enraizamiento del término en otros entornos diferentes al de la seguridad y las tensiones geopolíticas ha permitido introducir matizaciones que han enriquecido significativamente el potencial operativo del concepto. Uno de esos entornos ha sido el académico, donde a lo largo de la última década ha tenido lugar una importante corriente de ideas y reflexiones que han terminado por transformar la idea original de estado fallido por otra en la que predomina la incapacidad de sus gobiernos para cumplir con sus compromisos o con los objetivos que se plantean.

La perspectiva académica no considera, por tanto, que situaciones de guerra civil, violencia étnica, religiosa o de cualquier otra naturaleza sean condiciones imprescindibles para la identificación de casos de estados fallidos. Para Chomsky podría ser simplemente el caso de gobiernos democráticos que no consiguen hacer cumplir sus propias leyes y donde la sociedad civil resulta desplazada de las esferas cercanas al poder político. Esta línea de pensamiento conduce al "estado débil" como tipología particular de "estado fallido", en el que la causa de la disfuncionalidad puede encontrarse en la ineficiencia de las instituciones o en los conflictos de competencia o intereses entre el poder central y las élites locales. Tres razones importantes y una especie de fondo de saco justifican que podamos aproximarnos al análisis de la situación que hemos vivido en Andalucía desde el comienzo de la crisis y, sobre todo, durante la IX legislatura que está a punto de finalizar, desde la perspectiva de los estados fallidos.

La primera razón es un Gobierno desaparecido durante el conjunto de la legislatura, a pesar de lo delicado de la situación, debido a la escapada al Senado de Griñán cuando apenas se había cumplido el primer tercio del mandato y de la convocatoria anticipada de elecciones por parte de su sucesora, al finalizar el segundo tercio. Como es lógico, tanto los compromisos electorales de Griñán, como los de investidura de Díaz, han quedado bajo mínimos, pero lo verdaderamente significativo es que el adelanto de elecciones es un recurso propio de situaciones de ingobernabilidad, precisamente una de las características inevitablemente presente en cualquier situación de "estado fallido".

La segunda razón es la carga insoportable de un gobierno en bancarrota, obligado a recortar el gasto de inversión, y por lo tanto, el legado intergeneracional, también característico de los estados fallidos , y con la lógica dificultad para atender la demanda de asistencia social propia de tiempos de crisis. Desactivada la concertación social, el buque insignia de la política económica de la Junta de Andalucía, tampoco se han podido impulsar vías alternativas de política económica, ni programas de reformas estructurales, ni mucho menos la ingenua promesa de transformación del modelo productivo.

La tercera razón es el deterioro de los estándares sociales. Sobre todo en materia de desempleo, pero también como consecuencia del aumento de la desigualdad y la pobreza, como acaba de mostrarnos la última edición de los indicadores AROPE, de la European Anti-Poverty Network. Andalucía, con 3.232.635 de pobres en 2013, 467.762 más que en 2009, es la comunidad autónoma con la mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (38,3%).

Por último, un amplio fondo de saco en el que cabe todo un abanico de variables habitualmente presentes en los ejercicios de medición de la fragilidad de los países. Entre ellas, el deterioro de los servicios públicos fundamentales, como la sanidad o la educación; la emigración de jóvenes talentos; la burocracia y el centralismo; el secuestro de la sociedad civil y el clientelismo político; la insostenibilidad de las finanzas públicas; o la contaminación política de las instituciones, incluidas la de fiscalización y control de la actividad del sector público.

Hemos dejado conscientemente para el final la referencia a la contaminación política de las instituciones. La razón es que los ejercicios de diagnóstico de estados fallidos suelen concluir que la única solución posible es la reforma y saneamiento del entramado institucional. A las instituciones corresponde una función social trascendental. La de proveer el cuadro de incentivos que determina la asignación de los recursos y el progreso de los individuos, de manera que cuando esos incentivos son inadecuados o se producen mecanismos de selección adversa, es decir, de valoración impropia de los méritos individuales, lo normal es que terminen generándose estructuras ineficientes.

Andalucía no es un estado fallido, pero en los últimos tiempos se han desarrollado conductas que nos impulsan perniciosamente en esa dirección. Precisamente en una coyuntura que podríamos calificar como crítica, en el sentido de que estamos obligados a tomar decisiones cuyas consecuencias serán importantes durante mucho tiempo y convendría hacerlo liberando a las futuras generaciones de la carga de un legado institucional ineficiente.

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