La Fiscalía Anticorrupción no quiere que el caso de los ERE se eternice y pretende que Alaya separe aquellas investigaciones que pueden suponer hechos o actuaciones completamente diferentes, aunque puedan aparecer las mismas empresas beneficiarias. El Ministerio Público presentó ayer un escrito a la juez Mercedes Alaya en el que solicita a la instructora del caso de los ERE fraudulentos la apertura de una nueva causa para investigar la ampliación de las pesquisas a todas las consejerías, en relación con los avales y préstamos concedidos por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o la agencia IDEA.

En el escrito, la Fiscalía entiende que la investigación de las posibles irregularidades que puedan tener trascendencia penal derivadas del "procedimiento seguido" por los responsables del IFA/IDEA para la concesión de las ayudas, en el mismo periodo investigado en la causa de los ERE, a empresas de Andalucía "bajo el paraguas formal de avales, préstamos y garantía de préstamos, deben ser, por su entidad y ser hechos distintos, objeto de procedimiento penal independiente".

El Ministerio Público reclama en concreto a Alaya la incoación de unas nuevas diligencias previas para investigar estos extremos, "no sirviendo el hecho de que algunas de las empresas hayan sido también beneficiarias de ayudas dadas desde la Dirección General de Trabajo de nexo de conexidad suficiente siquiera para formar una pieza separada en la presente causa, pues el eje de la investigación debiera girar sobre la actuación aparentemente fraudulenta del IFA/IDEA en la concesión de ayudas y no sobre las empresas favorecidas por ambos tipos de ayudas públicas". La Fiscalía recuerda que uno de los últimos oficios remitidos a la causa de los ERE por la Guardia Civil se refiere a la actuación concreta del IFA/IDEA en el pago de ayudas a terceros, "una actuación que puede presentar irregularidades que hayan desembocado en una merma para los fondos públicos de la Junta de Andalucía", precisa el fiscal.

La Guardia Civil hace referencia a la adopción por el IFA/IDEA de "numerosos acuerdos relativos al otorgamiento de ayudas excepcionales de reestructuración y/o salvamento de empresas así como concesión de incentivos, aplicando como instrumentos de apoyo a las figuras de los préstamos, garantías de préstamo y avales ante entidades financieras". La Unidad Central Operativa (UCO) señalaba que algunas de las empresas beneficiarias de estas ayudas figuran también entre las beneficiarias de ayudas sociolaborales o de empresa dadas desde la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, "pudiendo incluso coincidir en el tiempo".

Tras estos oficios, la juez Alaya acordó en un auto requerir a la Junta de Andalucía para que recabe y entregue en el menor plazo posible a la Guardia Civil "toda la documentación relacionada con los distintos avales y préstamos concedidos por cualquiera de las consejerías de la Junta" a un total de 26 sociedades.