La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el que pide a la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, que aclare el auto en el que reclamaba información relativa a los programas de control financiero de las empresas públicas Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa. En el escrito, Anticorrupción trata de delimitar el objeto y finalidad del auto de la juez a la vez que le recuerda que lo que ha solicitado ya lo investiga otro juzgado sevillano, el de Instrucción 16, como asegura que conoce la instructora desde marzo de 2014 por un escrito de la Fiscalía.

Anticorrupción hace estas precisiones tras señalar que los informes pedidos por la instructora pueden ser de utilidad en la causa de los ERE para aportar elementos indiciarios de lo ocurrido y sobre la participación de personas imputadas. Además, Anticorrupción no se opone a que se tome de nuevo declaración como imputado al ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, y que se reciba declaración testifical a la ex interventora general Rocío Marcos Ortiz. Estas nuevas declaraciones fueron solicitadas por la representación judicial que encabeza el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP).

Una vez que reciba las aclaraciones de la instructora, la Fiscalía decidirá si recurre o no el auto de la juez dictado el pasado 23 de diciembre, que ya ha recurrido la Junta de Andalucía. En su recurso, la Junta ha solicitado a la Audiencia de Sevilla que revoque el auto al entender que pueden dar lugar a una "causa general" prohibida por la ley y supone un "grave riesgo" que puede devenir en la prescripción de los delitos.

En concreto, el recurso esgrime como argumentos que la información solicitada forma parte de una causa que está siendo investigada en estos momentos en el Juzgado número 16 de Sevilla, y que la competencia para conocer este caso sería del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El gabinete jurídico del Gobierno autonómico entiende, además, que no existe "fundamento alguno" para extender la investigación a otras empresas o entidades de la Junta. En este sentido, la Junta afirma que la propia argumentación razonada enviada por el juzgado de Alaya al Supremo se dice textualmente que "la investigación se ciñe a la averiguación de hechos relacionados con la concesión de ayudas sociolaborales y las ayudas directas a empresas por parte de la Consejería de Empleo".

La juez pidió el pasado 23 de diciembre a través de un auto a la Consejería de Hacienda y a la Intervención General andaluza toda la información relativo a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas relativos a 2005, 2006 y 2007. Alaya requirió los informes adicionales "con su correspondiente notificación" que se hubiesen realizado en las entidades públicas andaluzas Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa o cualquier otra empresa pública. Con ello pretende determinar, según el auto, el "paralelismo entre lo acontecido" entre la Agencia Idea "con lo ocurrido en estas otras empresas públicas".