A la Junta de Andalucía le ha salido un aliado inesperado, pero bienvenido, en la Fiscalía Anticorrupción en su disputa con la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) desde el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, por la conveniencia o inconveniencia de la petición de las actas de los consejos de Gobierno de la última década. La polémica exigencia de la juez es calificada de "no necesaria ni proporcional" por Anticorrupción, que esta semana designó al fiscal Manuel Fernández Guerra para que se haga cargo, junto al también fiscal Enrique Egocheaga, de las diligencias incoadas por el fraude de las subvenciones irregulares concedidas por la Consejería de Empleo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

Anticorrupción incluso ha presentado un recurso contra el auto en el que la juez pide a la Junta la entrega de las 480 actas de la discordia porque carece de la "suficiente motivación" que exige la ley, pues no concurre ninguna de las tres condiciones de que sea "imprescindible para evitar que se eluda la acción de la Justicia, que se cause grave perjuicio al interés público o que se originen daños graves e irreparables".

El recurso, presentado por el propio fiscal delegado, Enrique Egocheaga, mantiene que la medida no puede justificarse argumentando que pretende evitar que la Administración autonómica pudiera eludir la acción de la justicia o causar daños "graves e irreparables", ya que la Junta ha colaborado con la Justicia y "ha venido respondiendo a cuantos requerimientos" le ha hecho el juzgado. Además, Egocheaga subraya que hasta el momento no ha habido notificación alguna de que la Junta haya realizado alguna "alteración o destrucción" en los miles de documentos ya aportados a la investigación.

La Fiscalía también se muestra contraria a exigir una medida cautelar contra la Junta, ya que el Gobierno andaluz está personado en las actuaciones, no es parte imputada y no es esperable una "futura actuación defensiva, obstruccionista o llanamente evasiva". Anticorrupción indica que la Junta es una Administración Pública sujeta a la ley en la custodia de sus propios actos administrativos que están documentados y que esos documentos ya están por ley protegidos por un funcionario público, el viceconsejero de Presidencia, que ejerce como titular de la Secretaría de Actas del Consejo. Por último, la Fiscalía considera que el auto de Alaya es un anticipo de la petición formal ya realizada, por lo que dice que si ésta juega con la hipótesis de que exista riesgo de que las actas pudieran ser alteradas sería "más lógico" que hubiera adoptado una medida directa, como una custodia directa o una incautación.

Además, mantiene que en caso de que fuera "imprescindible" adoptar alguna medida cautelar sería suficiente con dirigirse al funcionario que se encarga de custodiar las actas y advertirle formalmente para que extreme el celo de su deber de custodia.

Las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 están guardadas desde la pasada semana en sobres lacrados en un armario de seguridad en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, mientras que el Gobierno andaluz ha pedido que sea el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo el que resuelva si la juez puede tener acceso a ellas.

La postura de Anticorrupción fue aplaudida ayer desde Jaén por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y aseguró que la postura de la Junta, del Consejo de Gobierno y de los servicios jurídicos coincide con la opinión de la Fiscalía. Además, el presidente insistió en que no hay ningún reparo en entregar a la juez las actas "que crea que son imprescindibles para el conocimiento del caso".

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, por su parte, repitió desde Málaga que la colaboración con la juez es máxima "porque estamos en el mismo barco" y que la única discrepancia existente es la entrega discriminada de las 480 actas. De este modo, calificó de "una buena noticia" que la Fiscalía se oponga a que la juez acceda a esos documentos. "Hemos ofrecido cualquier información de cualquier acuerdo que pueda resultar de interés para la investigación, pero entendemos, con una colaboración y respeto del 99,9%, que en ese 0,1% no lleva razón el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla", explicó la consejera.

Finalmente, el coordinador general de IU, Diego Valderas, cree que la decisión de la Fiscalía no es sorprendente porque "es Gobierno y por eso siempre defiende al Gobierno" y que la petición de la juez "pone el foco del lugar del delito en el Consejo de Gobierno".