Apoyo matizado de la oposición parlamentaria a la Ley de Muerte Digna

  • El PP pide regular la objeción de conciencia e IU cree que el proyecto legislativo debe recoger un régimen de sanciones

El proyecto de la denominada Ley de Muerte Digna superó ayer su primer trámite parlamentario, con el apoyo condicionado de la oposición. Sin enmiendas a la totalidad, pero con aviso a navegantes de que la Comisión de Salud va a tener trabajo para afinar el redactado del texto antes de que vea la luz definitiva, probablemente en el próximo febrero.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, presentó el texto en el Pleno y estuvo como tocaba: didáctica, muy institucional. Dejó la defensa de trinchera del proyecto a la diputada del Grupo Socialista Rosa Ríos. Montero dejó claro que la ley que regulará las medidas para garantizar la dignidad en el proceso de la muerte desde el punto de vista asistencial no tiene nada que ver con la eutanasia ni con el suicidio asistido y dará seguridad jurídida a lo que en realidad son buenas prácticas para aliviar el sufrimiento de los pacientes.

IU -con la andanada superior de la tribuna de invitados casi copada por el equipo redactor del proyecto legislativo- no se buscó complicaciones para identificar el mal: los curas y el corporativismo médico (esto es, burgués). El diputado de la federación de izquierdas Pedro Vaquero celebró el proyecto como una liberación de la influencia de "aquellos que han detentado el poder de las conciencias", incluida la inevitable referencia a las hogueras de la Inquisición, y llegó donde quería: la ley se va a quedar corta. Hay que legislar la eutanasia. Acusó al PSOE de "tibio" y de tenerle miedo a la Iglesia católica. "Pero el Gobierno andaluz acierta". Para el diputado de IU, la Ley de Muerte Digna debe contener un régimen de sanciones claro y evitar escaqueos a través de la objeción de conciencia. Para IU, éstas son dos "líneas rojas" que no traspasará.

Ana María Corredera, por el PP, defendió en su estilo -sensato y liberal- la objeción de conciencia, dudó de la autonomía de los jóvenes de 16 años para dar su consentimiento y bajó al terreno real: la ley está bien pero no hay suficientes recursos asistenciales para garantizar los cuidados necesarios y se quejó de que hubiera desaparecido del texto el plazo de dos años que la Junta se daba para ponerse las pilas en este asunto.

Rosa Ríos, diputada del PSOE, destacó el "elevado consenso ético y jurídico" del proyecto y respondió a las taimadas discrepancias de la oposición: la objeción de conciencia no se regula porque es "competencia del Gobierno central", el régimen de sanciones será el general y la Junta no se dará dos años para mejorar los recursos "porque no hace falta". Y, metiendo palos en candela, emplazó al PP a deshacerse de la tutela de los sectores más conservadores de su partido y de los ultras de la Iglesia católica para que apoye la ley.

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