Arenas pide a Junta que compense la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas

  • El líder del PP andaluz urge al Ejecutivo andaluz a actuar como garante del mantenimiento de las políticas sociales de los más desfavorecidos y acusa a Chaves y Zapatero de ser "un riesgo para las pensiones".

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El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha propuesto que la Junta compense económicamente, mediante una línea de ayudas de carácter social, la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas andaluces debido a las medidas adoptadas, a su juicio, por el Gobierno central.

En un acto con pensionistas celebrado en la localidad sevillana de Dos Hermanas, Arenas ha explicado que esta petición formará parte de una proposición no de ley que el PP va a defender en el Parlamento andaluz la próxima semana, y ha añadido que confía en que el resto de los grupos se unan a esta iniciativa. El PP propone que la Cámara autonómica rechace la pérdida de poder adquisitivo que, en su opinión, están sufriendo los pensionistas durante este año, y solicita a la Junta ayudas sociales en el ámbito de las competencias autonómicas "mientras no exista actuación por parte del Gobierno de la Nación".

Arenas ha indicado que su partido urge al Gobierno andaluz a actuar como garante del mantenimiento de las políticas sociales de los más desfavorecidos, al tiempo que pide que el Parlamento andaluz inste al Ejecutivo autonómico a dirigirse al Gobierno de la Nación para reclamarle las medidas oportunas para "restituir el poder adquisitivo de los pensionistas". "Con un gobierno socialista, por primera vez habrá pensionistas que pierdan poder adquisitivo, ya que el incremento de la presión fiscal del Gobierno Zapatero en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 ha provocado que más de 11 millones de trabajadores y jubilados han visto reducida su nómina a fin de mes como consecuencia de la supresión de la deducción fiscal de los 400 euros para las rentas de trabajo", ha advertido el líder del PP-A.

Según el presidente popular, casi 1,4 millones de pensionistas han comprobado a final de mes que, a pesar del incremento del uno por ciento de la pensión a cuenta del IPC de este año, "las cuantías netas han sido inferiores a las del mes pasado por la actualización de las retenciones". Arenas ha afirmado que esta pérdida neta de poder adquisitivo significa que una pensión media de 1.016 euros en diciembre de 2009 es ahora de 999 euros, lo que "complica" que muchos pensionistas puedan llegar a fin de mes, una situación "especialmente grave" en Andalucía donde la pensión contributiva media es un 8 por ciento inferior a la del total nacional.

Tras denunciar que Andalucía es una de las comunidades con pensiones más bajas debido a la baja cotización por la ausencia de un gran tejido productivo, ha recordado que hay en esta comunidad 1.369.060 perceptores de pensiones contributivas, casi un 16 por ciento del total de pensionistas españoles, que cobran una pensión media de 697.80 euros, lo que significa 62 euros menos que la media.

El dirigente popular ha recordado que cuando su partido llegó al poder en España en 1996 la caja de la seguridad estaba "quebrada" y que él, como ministro de Trabajo entonces tuvo que pedir un crédito a los bancos para que los pensionistas pudieran cobrar la extra de diciembre, para la que no había dinero.

Igualmente, ha indicado que las pensiones son un derecho "por ley" que reciben los españoles de forma que estas prestaciones no estén al "albur" de la subida o bajada por parte del Gobierno de turno, y ha reiterado que si un país quiere garantizarse las pensiones lo primero que tiene que hacer es crear empleo. "La clave de las pensiones es crear empleo y el Gobierno que crea empleo es el gobierno que interesa a los jóvenes y también a los pensionistas", ha subrayado Arenas, quien ha añadido que el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, "son un riesgo para las pensiones".

El problema de Andalucía, según Arenas, es que tras 30 años en el Gobierno socialista las pensiones son más bajas que en el resto de las comunidades autónomas, al mismo tiempo que sigue sin apostar por una política social para los mayores, como lo pone de manifiesto que haya 2,8 plazas de residencias para cada 100 ancianos, mientras que en España las cifras suponen el doble.

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