Arenas también pedirá al Tribunal de Cuentas que investigue los ERE

  • Denuncia que Empleo es "una consejería completamente podrida"

Todas las instituciones son pocas y no hay recursos que sobren para indagar en el escándalo de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, según el presidente de los populares andaluces. Javier Arenas anunció ayer que su partido también quiere que el Tribunal de Cuentas investigue las irregularidades detectadas en esos ERE, de tal manera que el próximo jueves llevará el caso a dicha institución con el objetivo de "saber todo" lo que ha ocurrido "por mucho que se obstaculice a la juez del caso".

En un acto en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, Arenas volvió a insistir en que al final se sabrá "toda la verdad con el gobierno del cambio", puesto que, a su juicio, "muchos de los escándalos en Andalucía están vinculados a los fondos de los trabajadores y parados". Arenas recordó que están en cuestión "los destinos de los fondos de formación al empleo o los ERE, donde se han usado fondos de los parados para dar subvenciones a compromisos socialistas y sus amigos". De hecho, destacó que "ya se han detectado 3.790 fraudes en ayudas a la contratación".

El presidente del PP-A arremetió especialmente contra el hecho de que la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) tenga "más personal, unos 1.600 trabajadores", que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que demuestra, a juicio del dirigente popular, que es "la administración paralela más politizada con mucha diferencia y con un esquema más sectario". Por eso, Arenas reclamó que "hay que hacer una auditoria a fondo para saber qué está pasando en la Faffe". El líder del PP-A no se anduvo con medias tintas a la hora de denunciar que Empleo es la consejería "está completamente podrida y no hay nada sano" en ella.

Con respecto al escándalo de los ERE, Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y supuestamente asociado a una póliza de seguro de rentas correspondiente a la compañía Cespa SA pese a no formar parte de su plantilla, declaró a la Policía Judicial que en 2005 quedó en situación de desempleo y expuso este "problema" a su "amigo" Francisco Javier Guerrero, por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social. Después de "un largo periodo de tiempo", desde la compañía de previsión social Fortia Vida le fue requerida documentación y "una señorita que se identificó como la secretaria de Guerrero le comunicó, por teléfono, que se pasara por la Consejería de Empleo para firmar unas pólizas a su nombre, cosa que hizo". Ruiz García aseguró que "no conoce la empresa Cespa" y no identificó el certificado individual de la póliza de seguro de rentas suscrita con relación a esta empresa. Sí reconoció, no obstante, otra póliza de seguro de rentas en la que él mismo figura como beneficiario, remitiéndose a lo anteriormente descrito para justificar estos cobros.

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