Las soluciones a la crisis económica no pueden dejar atrás ni a los sectores sociales más desfavorecidos ni a los pequeños y medianos empresarios que ven cómo sus proyectos han quedado en entredicho por una situación no provocada por ellos. El pago de las hipotecas usando los fondos secuestrados en los planes pensiones, el aplazamiento para autónomos y pymes del pago de las cuotas a la Seguridad Social y una rebaja generalizada de impuestos fueron algunas de las recetas que ayer ofreció el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, en un almuerzo-coloquio con empresarios.

La posibilidad de que muchos ahorradores puedan pagar sus hipotecas con el dinero que tienen depositado en planes de pensiones persigue, según Arenas, dotar de liquidez a las familias para poder afrontar sus deudas.

El también vicesecretario general del PP desveló que ha encargado a Cristóbal Montoro, portavoz de Economía de los populares en el Congreso, un informe en el que se analice la posibilidad de aplazar el pago de las cotizaciones y la repercusión que esta medida tendría en la tesorería de la Seguridad Social.

En materia fiscal apostó por suprimir los impuestos de Donaciones y Sucesiones y el de Actos Jurídicos, así como por una rebaja del IRPF. También insinuó que otro tanto se podría hacer con el de Sociedades, situado en el 30%, para hacer frente a la competencia que presenta la vecina Portugal, que lo ha reducido a tan sólo el 12%.

Muy crítico se mostró sobre la desaparición a partir de 2009 del impuesto sobre el Patrimonio -"el impuesto de los ricos", lo llamó- y se preguntó qué hubiese dicho el PSOE si un gobierno del PP hubiera tomado esa misma decisión en un momento de crisis como el actual. "Hay que tener un mínimo de sensibilidad", manifestó Arenas, quien subrayó a renglón seguido que los sistemas educativo y sanitario públicos no deben sufrir las consecuencias de una merma en la recaudación fiscal.

En relación a los 500 millones de euros en préstamos que la Junta piensa destinar en 2009 a las empresas andaluzas, el líder del PP-A sostuvo que el reparto debe ser decidido por técnicos -"no por Chaves ni por mí"- entre empresas bien gestionadas, rentables y con problemas de financiación. El control de ese dinero, añadió, debe recaer en el Parlamento.