La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha exigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el archivo del expediente abierto a Rafael Tirado, el juez de Sevilla que no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija al detenido por la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés.

Así lo reclama esta asociación, mayoritaria en la carrera judicial, en un informe en el que asegura que Tirado ha realizado su actuación "con absoluta responsabilidad profesional y con precisa observancia de lo dispuesto en la Ley", y está siendo "vilipendiado" y objeto de "linchamiento".

En este informe, que han remitido a la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces y que fue aprobado por unanimidad por la Comisión Permanente de la APM el pasado 18 de abril en Málaga, manifiestan su solidaridad con la familia de la niña y lamentan que se haya producido un "defectuoso funcionamiento de la Administración".

Además la APM asegura que la incoación del expediente "sólo responde a la voluntad del CGPJ de encubrir sus propios déficit de gestión" y exige al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que depure las responsabilidades en que hayan podido incurrir los profesionales de él dependientes.

El CGPJ abrió expediente disciplinario a Tirado el pasado 7 de abril por la posible comisión de una falta muy grave de desatención.

Tirado, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla y ex presidente de la APM en Andalucía, se enfrenta a la posible sanción de suspensión de funciones de hasta tres años, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.

El presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor y cuenta con otra condena de dos años de cárcel que dictó el Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla en diciembre de 2004 por agredir sexualmente a otra menor.

La primera sentencia fue confirmada por la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005.

Según el informe que realizó el servicio de Inspección del CGPJ, "como consecuencia de trámites dilatorios, errores y omisiones" en la tramitación se produjo una demora de dos años, dos meses y nueve días en la ejecución de la sentencia.

Añadía el informe que aunque en un primer momento la actividad del juez fue correcta, ya que una vez recibida la sentencia firme dictó el auto adecuado para iniciar la ejecución de la misma, a continuación no existió "ninguna actividad -profesionalmente exigible- de supervisión y control de resto de los actos procesales necesarios para obtener la plasmación de lo por él decidido".

Por su parte, el Ministerio de Justicia la semana pasada incoó expediente disciplinario por posible falta grave a la secretaria judicial del citado Juzgado, Juana Gálvez Muñoz, por un presunto incumplimiento de sus obligaciones legales.