La Audiencia de Málaga ha decidido devolver 6,3 millones de euros en fianzas impuestas por el juez instructor del caso Malaya al ex alcalde, Julián Muñoz, tres antiguos concejales y a dos empresarios. Con este dinero se pretendía avalar la responsabilidad pecuniaria derivada de la imposición de multas en una futura condena. Esta decisión figura en el auto que desestima casi en su totalidad los recursos interpuestos por 26 procesados contra el segundo procesamiento del sumario Malaya.

La Sección Primera, al resolver estos recursos, ha anulado la fianza de 200.000 euros que le impuso el juez del caso Malaya, Óscar Pérez, al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por su participación en el convenio Ave María. Este asunto consiste en un acuerdo entre el Ayuntamiento y CCF 21, sociedad de la que eran administradores Andrés Liétor y Carlos Sánchez, presuntos testaferros de Juan Antonio Roca. Gracias al convenio, el Ayuntamiento le cambió a CCF 21 aprovechamientos urbanísticos valorados en 1,4 millones de euros por un suelo rústico que según las acusaciones no excede de 30.000 euros. Una vez cerrada la permuta, la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, compró los suelos y se los vendió a Obarisa, firma vinculada al empresario Javier Arteche, promotor próximo a Roca.

El juez instructor del caso Malaya atribuyó en el segundo auto de procesamiento un presunto delito de fraude al ex alcalde Julián Muñoz, y fijó una fianza de 200.000 euros. Sin embargo, la Audiencia considera ahora que "parece haberse producido una duplicidad de fianzas", puesto que en el primer auto de procesamiento el juez también le imputó fraude y determinó un aval de 400.000 euros. Entre los implicados en la operación también figuran los entonces concejales de Marbella José Luis Fernández Garrosa, Tomás Reñones y Rafael González Carrasco. A cada uno de ellos el instructor le fijó una fianza de 200.000 euros que ahora el tribunal ha rebajado a 100.000 por razones parecidas.

La Audiencia, además, ha modificado los avales que el juez instructor reclamó a los empresarios Osvaldo Godfrid Grinberg y Jesús Bravo Méndez. Estos dos procesados operaban presuntamente como testaferros de Roca y promovían una operación inmobiliaria por la que "pagaron y esperaban recuperar 5.800.000 euros". El juez instructor determinó para a cada uno una fianza por esa misma cantidad. La fianza queda reducida en proporción a la participación de ambos empresarios en la operación, 1,9 y 3,8 millones respectivamente.

Por lo demás, el tribunal que preside el magistrado José Godino, ponente de este último auto, no ha atendido los motivos que expusieron las defensas que recurrieron el segundo auto. En este sentido, descarta la mayor parte de los argumentos, si bien apunta que deberá ser en el juicio o ya en la sentencia cuando se pronuncie sobre algunos puntos como la prolongación supuestamente indebida de las detenciones o la indefensión que ha podido ocasionar en los procesados la prolongación del secreto de sumario.