Varapalo judicial al tijeretazo que el Ayuntamiento de Isla Cristina dio el año pasado a las nóminas municipales, aplicando reducciones de entre el 10% y el 50% a los salarios -jornadas laborales y bases de cotización incluidos- de los 321 empleados laborales municipales. La titular del Juzgado de lo Social 2 de Huelva, María Inmaculada Liñán, declara nulo el acuerdo plenario del 28 de junio de 2012 en el que se aprobó el Plan de Ajuste centrado en el capítulo I, el de personal, a instancias de la demanda presentada en julio del pasado año por la Unión Sindical Obrera (USO).

Así, ordena al Consistorio "reponer a los trabajadores afectados en sus anteriores condiciones de trabajo, con los derechos económicos correspondientes", según consta en el fallo de la sentencia fechada el 30 de octubre, sólo una jornada después de la celebración de la vista oral. En los hechos probados, la magistrada indica que la repercusión anual de la reducción salarial aplicada en 2012 ascendió a 2,7 millones de euros y que el plan municipal preveía otros 1,3 millones de ahorro en gastos de personal para el ejercicio en curso: en total, 4.086.539,4 euros que, a priori, el Consistorio deberá devolver a sus empleados cuando la resolución judicial sea firme. Porque aún no lo es y el Ayuntamiento isleño dispone de cinco días hábiles para presentar un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La demanda de USO reposaba sobre tres pilares: la "discriminación" a la hora de aplicar los recortes salariales, que "vulnera el derecho a la igualdad"; la ausencia de un periodo de consultas que derivara en una negociación desarrollada "con buena fe, en aras a la consecución de un acuerdo; y la vulneración de varios artículos del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo.