Caso de los ERE

La juez Bolaños eleva a la Audiencia la tercera pieza acabada de los ERE

  • La causa de Acyco se dirige contra seis ex altos cargos de la Junta, que tendrán que pedir al tribunal que les excluya del juicio al estar también procesados en la ‘pieza política’

La juez María Núñez Bolaños es fotografiada a la salida de los juzgados de Sevilla. La juez María Núñez Bolaños es fotografiada a la salida de los juzgados de Sevilla.

La juez María Núñez Bolaños es fotografiada a la salida de los juzgados de Sevilla. / José Ángel García

La titular de juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha elevado este lunes a la Audiencia de Sevilla la tercera pieza separada de la macrocausa de los ERE cuya instrucción ha finalizado y a partir de ahora se designará el tribunal encargado de enjuiciar a los 12 acusados por esta pieza, entre los que inicialmente se encuentran seis ex altos cargos que tendrán que pedir al tribunal que los excluya de este juicio en aplicación del principio "non bis in ídem", dado que también han sido enjuiciados en el denominado "procedimiento específico" cuyo juicio arranca el próximo 13 de diciembre.

En esta causa, que consta de 12 tomos, el juez de refuerzo Álvaro Martín dictó en noviembre de 2016 el auto de apertura de juicio oral, una decisión que se produjo antes de que la Sección Séptima de la Audiencia fijase su criterio respecto a que los ex altos cargos imputados en la "pieza política" no podrían ser enjuiciados posteriormente en ninguna de las pieza. De esta forma, las defensas estos ex altos cargos deberán solicitar al tribunal que enjuicie la pieza de Acyco que sean excluidos del juicio.

En la pieza de Acyco están procesadas el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera, así como el ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de conclusiones provisionales, reclamó una condena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para el ex consejero Antonio Fernández por un delito de prevaricación continuado, mientras que por otro delito de prevaricación y falsedad documental solicita otros cuatro años y medio de prisión. En total 12 años y seis meses de cárcel sólo por la ayuda a Acyco. La misma pena se solicitó para el ex viceconsejero Agustín Barberá, mientras que el ex director de Trabajo Javier Guerrero se enfrentaba a una condena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado. La Fiscalía también reclamaba por el ERE de Acyco otros 8 años de cárcel para el ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano; cuatro años y medio para el ex director Juan Márquez y seis años en el caso del también ex director Daniel Alberto Rivera; mientras que para la presidenta de la empresa Acyco, Encarnación Poto, reclama una condena de 14 años de prisión.

En cuanto a las indemnizaciones, Anticorrupción solicita que los acusados indemnicen solidariamente a la Junta con 2.951.410,84 euros, el importe total de las ayudas concedidas.

La Junta de Andalucía, que sí ejerce la acusación particular en esta pieza de los ERE –en el procedimiento específico pidió el archivo y ha quedado fuera del juicio-, ha reclamado por las ayudas a Acyco una condena de seis años y medio de cárcel para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, otros cinco años y medio para el que fuera director general de Trabajo Javier Guerrero, y tres años en el caso de su sucesor Juan Márquez, mientras que ha exculpado a otros tres ex altos cargos: el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

En cuanto a los hechos que se recogen en el escrito de calificación de la Fiscalía sobre Acyco, el Ministerio Público relata que Aceitunas y Conservas contaba en el año 2003 con 161 trabajadores e inició en marzo de ese año un ERE ante la delegación de Empleo para la extinción de 35 puestos de trabajo por circunstancias productivas y de organización, optando por la fórmula de las prejubilaciones y creando los trabajadores una asociación denominada "3 de julio" para formar parte de la póliza que se suscribió posteriormente y en la que intervino la entidad Vitalia.

El entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero y la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, suscribieron el 26 de julio de 2003 un protocolo de colaboración que no estuvo precedido de la tramitación de expediente administrativo alguno ni de solicitud. La Fiscalía detalla que todos los encausados eran "conocedores de que había prescindido del procedimiento legalmente establecido, pues no se había presentado por la empresa Acyco ni por ninguna otra persona solicitud formal alguna para recibir la ayuda, no se había presentado por la empresa ninguna declaración de ser beneficiario de otras subvenciones o ayudas con el mismo fin, no se realizó por la dirección general de Trabajo informe o memoria acreditativa de la finalidad pública o razones de interés social o económico, así como la existencia de normativa reguladora".

El Ministerio Público añade, finalmente que "todos los encausados eran conocedores de que ni desde la dirección general de Trabajo ni desde la agencia IDEA se iba a hacer seguimiento alguno del cumplimiento del plan de inversiones y de futuro al que se hacía mención en el convenio firmado entre la empresa y la dirección general en el mes de octubre de 2003".

En el ERE de Acyco fueron incluidos dos intrusos, Andrés Carrasco Muñoz, "amigo de la infancia" de Guerrero, y el que fuera alcalde de San Nicolás del Puerto, Domingo Martínez Castillo, ya fallecido, quienes recibieron de la póliza suscrita para los trabajadores de Acyco las cantidades de 113.480,72 euros y 109.572,19 euros, respectivamente. Para el intruso Andrés Carrasco la Fiscalía ha solicitado una condena de seis años de prisión.

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