El fraude de los ERE, las irregularidades de los cursos de formación financiados con fondos públicos, la investigación de los avales y préstamos de la agencia IDEA, las ayudas concedidas por la sociedad pública de capital riesgo Invercaria... Todas estas macrocausas han machacado en los últimos años una etapa de los distintos gobiernos andaluces liderados por los presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes al final han sido sentados en el banquillo de los acusados de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos -este último delito sólo se atribuye a Griñán- en relación con un supuesto fraude que la Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 741 millones de euros, el importe de la totalidad de las ayudas concedidas por la Junta durante una década (de 2000 a 2010) en la que estuvo funcionando el sistema de las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al IFA/IDEA para el pago de las subvenciones.

En vísperas de la celebración del 28-F, la juez María Núñez Bolaños ha enviado el sumario que afecta los ex presidentes a la Audiencia de Sevilla, cuyo juicio ha correspondido a la Sección Primera y que se celebrará en principio no antes de final de este año o principios de 2018.

Alaya amplió las investigaciones y Bolaños desinfló casos como el de los cursos

El cerco judicial a la Junta ha provocado una auténtica parálisis en la Administración autonómica, ante la "cascada" de imputaciones judiciales que han salpicado a los interventores, a los letrados del servicio jurídico y a los técnicos. Así lo explicó un interventor de la Junta que estuvo imputado en la causa de los ERE -fue finalmente exculpado en el último momento-, quien reconoció ante el juez que en la Intervención de la Junta se trabaja actualmente "en alerta y en prevención". Se ha pasado de una etapa en la que regía el principio de "confianza" entre los distintos responsables de la Administración a una situación de desconfianza por las distintas investigaciones judiciales y el miedo a ser imputado.

Las principales investigaciones que han puesto en jaque a la Junta tienen o han tenido principalmente un denominador común: las macrocausas que abrió la juez Mercedes Alaya durante sus últimos años en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, desde donde impulsó el caso de los ERE, el de los cursos de formación o los avales de la agencia Idea.

Mercedes Alaya fue tejiendo a lo largo de esos años unos gigantescos sumarios, cada vez más expansivos, y que iban escalando lo que en su día denominó como una pirámide hasta alcanzar los últimos eslabones con la preimputación de los ex presidentes en los ERE y la remisión de la exposición razonada al Tribunal Supremo, órgano que más tarde devolvería la investigación a los juzgados de Sevilla al perder los investigados el privilegio del aforamiento.

La marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla vino propiciada por la decisión de la juez de solicitar una plaza y también al frustrarse la comisión de servicio que había solicitado para seguir instruyendo las macrocausas, debido a las vehementes críticas que dirigió a su sucesora, la juez María Núñez Bolaños, a la que acusó de venir a archivar algunas de las investigaciones como la de los cursos de formación.

Decía Alaya en aquel informe remitido al TSJA y al CGPJ, que al final le costó seguir con estas instrucciones, que Bolaños "pulverizaría de un plumazo" lo que pueden ser delitos de prevaricación y malversación para convertirlos "en irregularidades administrativas". Si Alaya amplió muchas de estas macroinvestigaciones, Bolaños desinfló algunas, al criticar las macrocausas que inician "la casa por el tejado". Uno de los archivos acordado por Bolaños afecta a la pieza de los cursos que afectaba a 24 altos cargos y funcionarios de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a los que Alaya había acusado de integrar una "red de clientelismo político" para el reparto de fondos públicos entre determinados entramados empresariales afines al PSOE.

El archivo de esta pieza fue recurrido por el Partido Popular y la juez Bolaños volvió a confirmar su decisión, en un auto en el que volvió a atacar a su antecesora y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su "criterio operativo" consistente en elaborar "teorías sobre conspiración y tramas delictivas" que son también avaladas por la acusación popular que ejerce el PP en estos procedimientos.

En ese auto, Bolaños hizo una reflexión tan profunda como acertada y que, muchas veces, pasa desapercibida cuando se habla de investigaciones judiciales y personas imputadas. Bolaños alertó en esa resolución del daño causado a personas cuya "honorabilidad y profesionalidad" ha sido cuestionada por la operación de la UCO y por la consiguiente instrucción judicial que se prolongaba desde hacía ya casi dos años. "Los jueces no trabajamos con papel, sino con personas, detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida", escribió Bolaños criticando a la acusación del PP.

Salvo esta pieza archivada, las demás investigaciones de Alaya continúan tramitándose.