El Consistorio de Los Barrios despedirá a 178 trabajadores

  • La negativa del PP a apoyar una moción de censura que desbancase al regidor andalucista hace viables finalmente los presupuestos que contienen los recortes

La incógnita que planeaba sobre el futuro político y laboral del Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) quedó despejada a primera hora de la mañana de ayer. El PP anunció a través de un comunicado su decisión de no participar en una moción de censura junto al PSOE y el Partido Independiente Barreño (PIBA) contra el alcalde andalucista, Jorge Romero, como respuesta a la cuestión de confianza planteada hace un mes por el regidor local para desbloquear la aprobación del presupuesto municipal. La elección del PP cerraba, en consecuencia, toda posibilidad política de frenar la aprobación de las cuentas para 2012, documento que facultará al Gobierno local para despedir a 178 trabajadores de la entidad a través de la amortización de sus puestos de trabajo. Una opción legal que ha puesto durante un mes a los grupos de la oposición en la disyuntiva de aliarse para desbancar al Gobierno o, en caso contrario y como ha ocurrido, permitir a los andalucistas la validación directa de las cuentas.

Pese a las consecuencias derivadas de su posicionamiento, el PP insistió en no ser el responsable ni el ejecutor de las rescisiones laborales que se producirán en los próximos días. Los populares subrayaron la voluntad "demostrada" desde el inicio de la crisis laboral -el pasado octubre- para buscar acuerdos que salvaran el máximo número posible de empleos y que finalmente no han llegado a buen puerto. El PP justificó el no en la falta de estabilidad del Gobierno resultante (que hubiera estado formado por tres partidos) así como el respeto al resultado de las pasadas elecciones municipales. El Grupo Popular, encabezado por David Gil, hizo además hincapié en su total rechazo a la falta de alternativas a los despidos.

El alcalde, Jorge Romero, y todo su gobierno comparecieron para valorar la situación. Romero comenzó asegurando que el despido de 178 empleados públicos no resultaba agradable ya que se convertían en "víctimas colaterales de la herencia socialista". "No estamos orgullosos, pero son las decisiones que toca tomar. Tras el ERE que fue rechazado por la Junta de Andalucía, lamentó la falta de inteligencia, rigor, defensa de los trabajadores y la información tergiversada que han dado los sindicatos. "Entiendo que podían haber hecho otro trabajo mejor. No han tenido constancia de lo que planteábamos y que está amparado por la ley", alegó, a la par que dijo esperar un cambio de postura y mayor colaboración de la oposición. "Espero no tener que recurrir más veces a esto. Tendemos de nuevo la mano a la colaboración política", agregó.

Romero aseveró que, pese a la disminución de personal, la prestación de los servicios públicos marcados por la ley está garantizada. "Si algún servicio público se quedara sin cubrir, que no va a ser el caso, se externalizaría. Se van a seguir prestando ya que buscaremos la manera más eficiente. No podemos adelantar mucho, pero en los próximos seis meses no creo que haya movimientos de personal. De ser necesario, se haría con ofertas de empleo público conforme a la ley. No vamos a permitir que ocurra lo mismo que nos ha llevado a este desastre", reveló. Para el alcalde, aún quedan ajustes aunque, auguró, no serán tan drásticos. "Quizás éste sea el trago más duro", concluyó.

La portavoz del PSOE barreño, Estefanía Ruiz, mostró su solidaridad con los empleados que serán despedidos en los próximos días y ofreció asistencia legal a quien lo requiera. "El PSOE no propuso la moción de censura, pero sí se posicionó políticamente. Es una circunstancia provocada por Jorge Romero. Los despidos son una situación creada por el PA", dijo Ruiz.

Por su parte, el presidente del PIBA, Miguel Domínguez, mostró su respeto a la postura del PP pero aventuró que los despidos traerán una judicialización de la política municipal. "Vamos a impugnar las cuentas si no se nos permite alegar", declaró.

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