Excesivos, arbitrarios y en fecha sospechosamente cercana a las elecciones. Así ve el máximo mandatario de la Diputación, Ignacio Caraballo (PSOE), los acontecimientos del pasado viernes, cuando la Guardia Civil registró la sede de la institución provincial para recabar documentación sobre subvenciones del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), a raíz de la denuncia que hace dos años presentaron dos particulares sobre presuntas irregularidades en Tharsis.

El mandatario socialista consideró que la Benemérita se excedió en "las formas" con las que se llevó a cabo esta intervención, que incurrió en una ilegalidad.

En rueda de prensa, Caraballo acusó ayer a la Guardia Civil de hacer "una interpretación tremendista" del auto con el que el juez autoriza la entrada y el registro en la Diputación, considerando que existe "una vulneración absoluta" del artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento criminal "que el juez pide taxativamente en el auto que se cumpla". Este artículo señala que "al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo género de precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren a la instrucción".

El presidente de la Diputación sostiene que el número de efectivos fue "absolutamente desproporcionado, tanto dentro como fuera de la Diputación" y que el personal facilitó la información requerida en presencia de agentes "armados y uniformados".

El presidente del ente provincial recordó que, con anterioridad al pasado viernes, en dos ocasiones se había facilitado documentación requerida sin necesidad de este despliegue policial. "Nuestra colaboración siempre ha sido absoluta -enfatizó-, por tanto, no podemos entender ni el despliegue ni el cierre de la Diputación durante toda la jornada".