Laura viajó a España desde su Colombia natal con el único objetivo de conseguir una mayor calidad de vida para su hijo, de cinco años y aquejado de una rara discapacidad motora que le impide andar y hablar con normalidad.

Después de tres años trabajando en Málaga a destajo, Laura aún no ha conseguido el permiso de residencia, lo que impide que su hijo pueda beneficiarse de la mayoría de prestaciones. De hecho, ha visto como le denegaban el certificado de minusvalía y el acceso a la Ley de Dependencia por no tener documentación. "Yo acepto no tener derechos, pero no que mi hijo no los tenga; es un niño", explica la madre.

Pero a través de la asociación de ayuda al inmigrante Málaga Acoge supo que tenía derecho a una beca de estudios para su hijo y poder contar con un logopeda.

Ahora, la solicitud le ha venido denegada por la Delegación provincial de Educación de la Junta de Andalucía. El motivo es la "condición de residente en España, exigida por el artículo 9 de la Ley 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros", reza la circular que llegó a casa de Laura el pasado 22 de septiembre.

Esta negativa se produce un año después del fallo del Tribunal Constitucional que elimina la palabra "residente" de ese artículo, a raíz de un recurso interpuesto por el coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez.

Fuentes de la Delegación de Educación en Málaga consultadas por esta redacción expusieron que se "había tratado de un error administrativo que sería subsanado a partir del próximo lunes".