El sector de la construcción puede salir de la profunda crisis en la que se encuentra inmerso renovado y como uno de los pilares de la nueva política económica del Gobierno. Nuevos materiales, eficiencia energética, la orientación hacia la vivienda en alquiler y un ajuste de la oferta a la demanda serían las claves de futuro que, según el consejero de Vivienda de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, podrían convertir al denostado sector en un "elemento capital" dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible que impulsa José Luis Rodríguez Zapatero.

Espadas abrió ayer el Foro Huelva Clave XXI de Huelva Información asegurando que "una oferta de vivienda a precios adecuados" es un producto importante para el nuevo planteamiento económico, puesto que es "un elemento de sostenibilidad social, económica y ambiental". La construcción residencial tiene futuro pero sometida a unos parámetros de renovación que pasan por la innovación (con un elemento de lucha contra el cambio climático, ya que la edificación supone el 40% de las emisiones de CO2) y la adecuación de las promociones a las necesidades de los municipios en las que se insertan.

Para ello se está trabajando en la elaboración del registro de demandantes de vivienda, un instrumento del plan concertado de Vivienda y Suelo que permitirá ajustar oferta y demanda y generar un nuevo modelo edificatorio que irá "más allá de la VPO estándar". Aunque para ello deben contar con la colaboración de los ayuntamientos, los encargados de elaborar estos registros y que se han mostrado reacios a su realización. A partir de ahí, se elaborará un plan municipal de vivienda, con suelos y plazos para cubrir la demanda residencial detectada "con el apoyo de la Junta y el Gobierno". Así se remediaría un error ya cometido: "Dejar un producto de primera necesidad al albur del mercado". Y además, sobre la oposición de los ayuntamientos, el consejero advierte: "No se está dando más competencias a los municipios, en materia de vivienda ya las tienen por el Estatuto y la Ley de Bases. Ellos son los que tienen que decidir dónde, cuántas y qué tipo de inmuebles se construyen".

La Ley de Economía Sostenible, que el Gobierno tiene intención de llevar a un Consejo de Ministros extraordinario a mediados de mes, también podrá ser impulsada a través de la ordenación del territorio, la otra pata de la Consejería. Seguridad jurídica y agilización de trámites serán dos elementos fundamentales para facilitar la ejecución de inversiones, con un nuevo marco jurídico para los proyectos considerados estratégicos.

La seguridad jurídica vendrá de la aprobación de los planes subrregionales de ordenación del territorio y la planificación municipal, que garantizarán los usos de un determinado suelo. A ello se sumaría la mayor rapidez en la tramitación administrativa, puesto que "estoy convencido de que una comunidad autónoma que quiere avanzar más rápido de lo que lo hemos hecho nosotros tiene que despejar las incógnitas de una forma más ágil de lo que lo hemos hecho hasta ahora". Es decir, agilizar la ordenación después de años estancada, algo en lo que ya se viene trabajando: en 2008, cuando se creó la Consejería de Vivienda, sólo el 18% de la población vivía en municipios con un planeamiento adaptado a la normativa urbanística superior, lo que suponía "una hipoteca en términos de seguridad para el inversor". Y a fecha de hoy más del 45% de los andaluces cuentan con una ordenación aprobada y "esperamos llegar al 90% para 2012".

Esta adaptación jugará un papel importante para captar proyectos que puedan considerarse estratégicos para el desarrollo económico. Pero además, para esos planes de "calado y volumen" se ofrece el apoyo de la Administración a través de otros instrumentos, como los incentivos ya existentes. El objetivo es evitar que los inversores "nos consideren excesivamente restrictivos, no lo vean claro y se marchen a otro territorio".

Otro problema a resolver en el sector de la construcción y reconocido por el consejero es la falta de financiación. Según Espadas, ahí hay un "cuello de botella que no podemos evitar, porque no podemos obligar a los bancos a conceder créditos". Pese a ello, la Administración autonómica asegura estar cumpliendo "en asumir el parte del riesgo en algunas promociones".