Los ayuntamientos tienen hasta el próximo 31 de diciembre para solicitar los últimos créditos que les permitan subsistir. Unos recursos financieros que lo lógico sería que se destinaran a liquidar lo que deben, que es mucho -4.525 millones de deuda viva es lo que acumularon a finales del pasado ejercicio los 771 ayuntamientos andaluces, según datos del Ministerio de Economía-, sino también para afrontar nuevos gastos e inversiones. El problema es que la situación de las arcas municipales es tan dramática que ni siquiera con ese dinero parece que haya para pagar las nóminas de sus trabajadores. Si no, ahí están las manifestaciones que a diario se convocan a las puertas de muchas casas consistoriales. Ante esta realidad hay que buscar soluciones, y no parece que ayude la idea de cerrar el grifo del crédito decretada por el Gobierno central, de acuerdo con ese objetivo marcado de la contención del déficit en el 3% de aquí a 2013, y que llevó recientemente al ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, a decir que para este ejercicio "no hay ni un euro" para los entes locales. Sí lo haría el que los ayuntamientos contaran con planes de saneamiento a largo plazo y con apoyo estatal, por los que pudieran refinanciar su deuda.

Así lo cree al menos el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, que ve que la solución no está en más ayudas ni más recursos a través de un nuevo sistema de financiación local. Una reivindicación histórica para la FAMP, y para su homóloga a nivel nacional, la FEMP, que el Gobierno tenía previsto resolver para 2011, pero que por la crisis finalmente ha decidido posponer en su agenda dos años más.

"Este plan de viabilidad se haría con apoyo del Estado, como ya se hizo en la Transición durante el Gobierno de Adolfo Suárez", recuerda el presidente de la FAMP, que explica que entonces el Gobierno central subvencionó el tipo de interés. También menciona lo que está haciendo en Andalucía la Junta con los ayuntamientos pequeños en quiebra, a los que se refinancia su deuda para evitar que persista esta situación.

Toscano está convencido de que es la salida más viable. Y como prueba, señala el ejemplo de un alcalde de un municipio de no más de 8.000 habitantes y con una deuda de 14 millones de euros que acudió recientemente a exponerle sus escuálidas cuentas. "Si esa deuda se la refinancian a 25 años, podrá pagar a sus proveedores, cumplir los plazos y hacer frente a nuevas inversiones y digerir sus deudas", explica, insistiendo acto seguido en que ese plan de saneamiento "no es regalar nada a nadie, porque sería de estricto cumplimiento y contribuiría a que de verdad los gastos de los ayuntamientos se ajusten a lo que ingresan". Es decir, los ayuntamientos se apretarían el cinturón ante la crisis y arrimarían el hombro para el control del déficit, pero sin ahogarse.

Esta limitación al endeudamiento municipal impuesta por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero también tiene más efectos negativos. Puede poner en jaque planes de inversión por cofinanciación entre distintas administraciones o vinculadas a fondos europeos, o un programa tan importante para la subsistencia en muchas comarcas agrícolas como es el PER. Los proyectos que se ejecutan a su cargo son respaldados económicamente en gran medida por el Estado y una parte más pequeña por los ayuntamientos. La falta de ingresos y de crédito atenaza a los ayuntamientos que, por lo general, son quienes pagan inicialmente todo y se quedan a la espera de que el Gobierno les reembolse su parte. Si esos dos grifos están cerrados, las corporaciones locales tendrán serias dificultades para sacar adelante esos proyectos -algunas diputaciones provinciales están ya asumiéndolos-.

Sobre este asunto ya alertó la Junta de Andalucía. El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, consideró que para garantizar su continuidad el Gobierno central debería buscar una "solución técnica". Mientras no sea así, todavía les queda a los alcaldes cierto margen de maniobra para buscar un remedio antes de que expire el plazo del 31 de diciembre y no se puedan pedir ya más créditos.

De todas formas, desde la FEMP se están buscando vías para que esta restricción no sea tan inamovible y dar algún balón de oxígeno a las arcas municipales. Los ayuntamientos tienen un resquicio para poder seguir endeudándose a través de la Ley de Morosidad. Pero eso sí, sólo para afrontar lo que es su verdadero lastre: las deudas impagadas y que arrastran desde antes del 30 de abril de este año.

Esta norma, aprobada el pasado 5 de julio, recoge en su disposición adicional cuarta que el Gobierno central, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dispondrá de una línea de crédito directa para los consistorios para que liquiden lo que deben a empresas y autónomos. Este préstamo, según recoge la norma, se cancelará con posterioridad a la entrada en vigor del futuro sistema de financiación local, es decir, el plazo de devolución, de acuerdo con el calendario del Gobierno, estará vigente hasta 2013.

La única pega que podría tener este mecanismo, que de funcionar bien será un alivio importante, está en que el ICO ya activó en 2009 una línea de ayudas por 3.000 millones para poner coto a la morosidad municipal, consistente en avales que se endosan a las facturas que no son pagadas por los ayuntamientos, y que no acabó de funcionar del todo. Esta medida facilitaba que las pequeñas y medianas empresas y autónomos pudieran cobrar llevando las facturas pendientes de pago por un ayuntamiento a una entidad financiera para que le anticipe el cobro con el aval del ICO. El ICO, por su parte, recuperaba el dinero reteniéndolo dinero de la participación de los entes locales de los tributos del Estado.