Caso madeja

La Fiscalía pide a Alaya que envíe a la Audiencia Nacional el sumario de la operación Madeja

  • La Guardia Civil cifra en 4,3 millones el pago de mordidas a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo.

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La Fiscalía de Sevilla ha solicitado a la juez Mercedes Alaya, que investiga la operación Madeja, que envíe a la Audiencia Nacional el sumario para que continúen las investigaciones, dado que las mismas se han desarrollado en torno a una organización criminal que habría actuado en 12 provincias españolas pagando hasta 4,3 millones de euros en comisiones, sobornos o dádivas a funcionarios y cargos públicos a cambio de favores en la adjudicación de contratos con distintas administraciones públicas.

La Fiscalía ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que considera que la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigar y enjuiciar este caso, por cuanto el fraude producido ha tenido un "notorio alcance, con grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional, lo que determina el informe favorable de la Fiscalía a la competencia a los juzgados Centrales de Instrucción".

El Ministerio Público llama la atención precisamente sobre el número de imputados en la presente causa –en total 95- y que la "cantidad utilizada con fines indiciariamente delictivos ha sido fijada en 4.300.000 euros", según las investigaciones de la Unidad Central Operativa que fija esta cantidad en concepto de "comisiones, dádivas de distinto tipo, regalos, etc." realizados por la empresa Fitonovo/Fiverde y otras que formaría parte formal o informal de su grupo de sociedades.

La Fiscalía argumenta que no cabe duda de la "complejidad de la instrucción", tanto en relación con los hechos que deben ser objeto de inestigación como del número de personas inculpadas en varias provincias, tanto dentro como fuera de la comunidad autónoma.El Ministerio Público considera que los hechos pueden constituir hasta seis delitos: cohecho continuado, fraude y/o exacciones ilegales, asociación ilícita, prevaricación y falsedad en documentos mercantiles y/o públicos.

Dice la Fiscalía que Fitonovo pagó esas comisiones con el objeto de "adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos, realizando variados tipos de maquinaciones no ya para obtener directamente la adjudicación sino concertándose con  otras empresas para que en connivencia con éstas presentaran ofertas ficticias con el objeto de obtener el contrato de que se tratara bajo una apariencia de legalidad", según las pruebas documentales, testificales y las declaraciones de algunos imputados.

De la contabilidad "B" de la empresa Fitonovo se desprende, añade la Fiscalía, que "el dinero opaco se utilizaba igualmente para posibles pagos de salarios a trabajadores o compras para la empresa de determinados bienes".

Además, se abrió otra línea de investigación en relación a las cantidades de las que se nutría dicha contabilidad "extraoficial", lo que ha conducido a determinar que había varias empresas que emitían facturas "infladas" con la misma finalidad: facturas emitidas por servicios prestados por empresas subcontratadas por Fitonovo que posteriormente se facturaban por la empresa principal.

La operación Madeja es la segunda causa más voluminosa que investigaba la juez Mercedes Alaya, por detrás únicamente del escándalo de los ERE fraudulentos. En el sumario, que consta de casi 9.000 folios distribuidos en 24 tomos, hay ya un total de 95 personas imputadas, entre ellas varios ex responsables políticos y funcionarios de distintas administraciones públicas que presuntamente habrían intervenido en el cobro de comisiones o recibido regalos por favorecer la contratación de la empresa Fitonovo. 

La Madeja no es la segunda causa más relevante de las que investiga Alaya sólo por el número de imputados, sino también por el volumen de fianzas de responsabilidad civil que se han impuesto, por encima de los 42 millones de euros frente a los casi 3.000 millones que se han fijado en los ERE. 

La mayor fianza de responsabilidad civil fijada por Alaya es la impuesta al dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, por un importe de 8,2 millones, seguida de los 5,7 millones fijados para su hijo, José Antonio González Baró, y los 4,9 millones de Juan Andrés Brugueras, director comercial de Fitonovo. 

En la causa también están imputados los ex portavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, a los que se fijó una fianza civil de 620.000 euros; el ex concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo (PSOE), al que se impuso una de 715.000 euros; y el ex asesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño. El ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña (PP) también figura en la lista de implicados en la causa y debe hacer frente a una fianza civil de 266.000 euros. 

De los 95 imputados de la Madeja -la mayoría de los cuales proceden de la operación Enredadera-, en la actualidad sólo continúa en prisión el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, que está privado de libertad desde noviembre de 2014 al no haber podido satisfacer la fianza de 180.000 euros que le impuso la instructora para evitar su encarcelamiento, ni los 50.000 euros a los que se rebajó la cuantía en diciembre pasado. 

La operación Madeja, cuya investigación se inició en julio de 2013 con una primera fase en la que fue detenido el ex asesor municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, se ha extendido finalmente a 12 provincias españolas, motivo por el cual la instrucción recaerá probablemente en la Audiencia Nacional, órgano competente para enjuiciar delitos que se producen en varias provincias o en los que interviene una organización criminal. 

En este caso, Alaya ya ha puesto de manifiesto que los directivos de Fitonovo constituyeron una auténtica "organización criminal" que corrompía a funcionarios y responsables políticos. 

Mientras llegaba el dictamen de la Fiscalía, las defensas de los casi un centenar de imputados han comenzado a solicitar la práctica de diligencias, como por ejemplo la declaración de imputados que en su día se acogieron a su derecho a no declarar porque la causa continuaba bajo secreto sumario.

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