La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito a la juez Mercedes Alaya en el que no se opone a que se fije una pensión mensual de 1.359,07 euros para el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, con cargo a la indemnización concedida tras su despido en González Byass y que actualmente está embargada debido a su imputación en el escándalo de los ERE fraudulentos.

Fuentes del Ministerio Público han confirmado que Anticorrupción no se opone a que se le conceda una pensión para el pago de los 710,47 euros correspondientes a la hipoteca de su vivienda más el salario mínimo interprofesional, que ahora es de 648,60. Estas cantidades se le abonarían con cargo a la indemnización de 37.935 euros y la Fiscalía no se opone porque reconoce que el ex consejero tiene embargado todo su patrimonio y sus cuentas bancarias. Aun así la cantidad que el Ministerio Público estima que debe fijarse en esa pensión es inferior a los 1.840 euros mensuales que pidió Fernández para hacer frente a sus “necesidades más básicas”.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al ex consejero, explicó en un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que en la actualidad el consejero se encuentra en una situación de "completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos" y precisaba incluso que de no contar con la "benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia". El letrado añadía que en esta "inimaginable posición" para el que fuera consejero del Gobierno de la Junta, Antonio Fernández se ve en la "muy deplorable precisión de solicitar del juzgado" el establecimiento de un derecho a la percepción de alimentos con cargo a la indemnización embargada y cuyo importe figura en el cuenta de consignaciones de este juzgado.

La defensa explica que tras el ingreso en prisión de Antonio Fernández por su imputación en el caso de los ERE fraudulentos, además de la "destrucción de su derecho a la presunción de inocencia", fue objeto de despido y perdió su puesto de trabajo como presidente del consejo regulador del Vino de Jerez. Desde entonces, prosiguió el letrado, y después de haber pasado más de tres meses privado de libertad, el ex consejero ha sufrido una situación de "completo rechazo social, habiéndosele cerrado todas las puertas y habiendo resultado inútiles sus permanentes intentos de ocuparse laboralmente", además de haber agotado a día de hoy toda clase de prestaciones, incluida la ayuda familiar.

La situación es tan alarmante que Fernández carece en este momento de medios económicos con los que atender sus "necesidades más básicas, toda vez que le resulta imposible hallar cualquier tipo de actividad remunerada y carece pes de ingresos por rentas de trabajo, o de cualquier especie, todos sus bienes y cuentas se encuentran embargadas y no percibe prestación pública o ayuda alguna que le permita no ya hacer frente a sus obligaciones económicas, sino a la mera subsistencia", alegaba la defensa.

Fernández ha solicitado a Alaya, por principios de "elemental justicia y humanidad", que le conceda una pensión mensual de 1.840 euros, cantidad con la que podría hacer frente al pago de la hipoteca (710,47 euros mensuales), gastos de comunidad (60 euros), de suministro de agua y basuras (35 euros), de suministro de gas (15 euros) y electricidad (120 euros), mientras que otros 900 euros se estiman "prudencialmente" para "alimentación, vestido y consumo básico". La Fiscalía Anticorrupción no se opone a que se le conceda una pensión de 1.359,07 euros mensuales y ahora será la juez Alaya la que finalmente decida sobre la misma y su cuantía.

De otro lado, la Fiscalía ha solicitado a la juez que se levante la prohibición de abandonar el país al abogado Carlos Leal Bonmati, también imputado en la causa de los ERE, que había solicitado permiso a la instructora para poder viajar en el mes de abril a París. La Fiscalía ha pedido que se levante esa medida cautelar que le impedía salir del territorio español, dado que este imputado está cumpliendo todos los requerimientos que se le han hecho desde el juzgado.