La Fiscalía dice que 'macrocausas' como Malaya evidencian lagunas legislativas

  • El Fiscal Anticorrupción de Málaga lamenta que las leyes no dan "soluciones creativas"

A poco más de un mes de que arranque uno de los juicios por corrupción más esperados, el caso Malaya, fijado para el próximo 27 de septiembre, el Fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, manifestó ayer que ante "macrocausas" como esta se ponen de manifiesto "insuficiencias legislativas" al no responder las leyes existentes a algunos problemas que precisan "soluciones creativas". Así, se refirió a la "antiquísima" ley de Enjuiciamiento Criminal y describió estos procedimientos como "tests que se imponen al sentido común" ya que desde el juez de Instrucción hasta el Tribunal deben ir articulando soluciones a problemas prácticos "gordísimos" para su "buena llevanza". Además, declaró que existen también problemas sobre si la tipificación de los delitos es lo suficientemente "abarcadora" e indicó que corresponde a la Fiscalía General del Estado efectuar las propuestas de reforma legislativa.

No pasó por alto que en Europa existe la percepción de que todas las grandes redes de crimen organizado están relacionadas con España y con la Costa del Sol por lo que la Fiscalía Anticorrupción de Málaga tiene "gran importancia" como receptora de peticiones de colaboración internacional. Debido a ello, advirtió que es preciso contar con los "medios necesarios" para que la respuesta hacia el extranjero sea "oportuna y seria". A este respecto, demandó la creación de una oficina fiscal, dotada de personal propio y de técnicos con conocimientos en derecho administrativo y en materia tributaria, que "no costaría nada" al poderse asignar a la fiscalía funcionarios de otras oficinas públicas.

López Caballero señaló que existen modelos a seguir en otros países con oficinas de investigación integradas en la fiscalía, como Alemania, Reino Unido, Italia y Portugal, donde cuentan con una policía judiciaria que depende "orgánica y funcionalmente" de la fiscalía.

Sobre al caso "Malaya", el fiscal manifestó que el hecho de que la acusación por parte de la fiscalía se haya formulado respecto de 95 personas es "suficientemente expresivo" de la importancia del procedimiento "en términos cuantitativos". Explicó que en este supuesto de "corrupción en el sector público" por parte de miembros del Marbella las penas solicitadas por la fiscalía van de dos a cinco años de prisión en delitos de cohecho y de tres a cinco años en el blanqueo de capitales. En el caso de Juan Antonio Roca -ha precisado el fiscal- la pena conjunta que se le pide por todos los delitos es de treinta años de prisión.

Respecto al blanqueo López Caballero ha señalado "el descubrimiento de los modos de ocultación y la incautación del patrimonio blanqueado" como una de las "principales características" de esta operación en la que también aparecen delitos de malversación, fraude, prevaricación y contra la hacienda pública.

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