La Fiscalía de Granada presentó ayer una querella criminal contra la directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, por las irregularidades investigadas en la contratación del sistema de audioguías. La querella afecta también a otras cinco personas: tres cargos más del organismo que gestiona el monumento y dos empresarios. Se trata, en concreto, de la secretaria general del Patronato de la Alhambra, Victoria Chamorro; del jefe de la sección económica y de contabilidad de la sección de gestión y contabilidad de ingresos y actualmente de la sección de comercialización, José María Visedo; del interventor delegado del Patronato, Miguel Gutiérrez; y de los empresarios A. A. L. R., como administrador único de Stendhal Museum Solutions SL, antes GTP Museum Solutions SL; y Luis Parra, director general de la misma entidad y la actual Stendhal Museum Solutions SL.

En la nota de prensa hecha pública ayer por la Fiscalía se detalla que la querella "tiene sus antecedentes en la denuncia inicialmente presentada ante la Agencia Tributaria sobre una serie de irregularidades en la contratación efectuada por el Patronato de la Alhambra en la explotación del sistema de audioguías que fueron puestas en conocimiento del Ministerio Fiscal". Estas supuestas irregularidades investigadas hicieron que la propia Villafranca y los miembros de su equipo tuvieran que acudir a declarar el pasado 25 de junio en calidad de detenidos ante la Policía Judicial.

Esas diligencias previas de investigación penal evidenciaron, según la Fiscalía, "la presunta comisión de diversos delitos de especial trascendencia y gravedad" tales como un delito continuado de prevaricación administrativa, un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito de blanqueo de capitales. Todo "por ahora" y sin perjuicio de lo que se pruebe posteriormente.

La querella ha sido formalizada ante el Decanato de los Juzgados de Granada y ahora se repartirá al que por turno corresponda. Con todo, la Fiscalía no dio ayer más datos y contenido de la querella hasta que no se complete el trámite de comunicar la misma a todas las personas contra las que se dirige. La investigación está relacionada, entre otras cuestiones, con la modificación de las cláusulas del canon anual fijo, que se estableció en 77.000 euros por la concesión del servicio, y del canon variable, que se fijó en un 47% sobre el total facturado. Sin embargo, en el contrato figuraba un fijo de 30.000 euros y un variable del 15%, lo que fue justificado en su momento por el Patronato en un "error material y tipográfico" en el documento que se solucionó a través de "procedimientos legales".

Según informó Villafranca el pasado mes de mayo, al trascender la investigación, el Patronato acordó aprobar la prórroga del contrato y el plan de pagos propuesto por la empresa para hacer frente a la deuda con la Alhambra por los atrasos en el abono del canon. El dinero supuestamente defraudado con las prácticas presuntamente irregulares podría ascender a 5,5 millones de euros, según adelantó recientemente el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez.

Por su parte, el Partido Popular de Granadainsistió ayer en que la querella hace "insostenible" la continuidad de María del Mar Villafranca al frente del monumento. La vicesecretaria general del PP de Granada, Marifrán Carazo, cree "insólito" que el cese no se haya producido ya y entiende que no es una cuestión que deba obedecer a la "voluntad" de Villafranca, sino al PSOE y a la presidenta de la Junta, Susana Díaz.