García Marcos afirma que tiene ahorros gracias a sus padres

  • La ex concejal de Marbella ataca al funcionario que destapó el caso Malaya

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Isabel García Marcos, la concejal de Marbella que después de atacar a Jesús Gil durante lustros se cambió de bando y se sumó a sus herederos políticos en un gobierno ahora sospechoso de corrupción a gran escala, sostiene que sus ahorros y patrimonio se lo debe a su trabajo, a la ayuda de sus padres y a los bienes que le han dejado en herencia.

La que fuera primera teniente de alcalde durante el gobierno de Marisol Yagüe relató ayer al tribunal que la juzga por prevaricación, malversación, cohecho y alteración del precio de las cosas que guarda recibos bancarios por importe de 700.000 pesetas que su padre le ingresó en 1991, así como de otras 700.000 pesetas que le dio en 1988, una escritura en la que le donaba dos millones y un manuscrito en el que le cedía los beneficios netos de la explotación de unos garajes.

Aunque no aludió expresamente a los 360.000 euros que la Policía encontró en una caja fuerte en su casa, afirmó que no ha utilizado la política para enriquecerse y subrayó que su nómina mensual en la Diputación en 1998, tres años antes de acceder al equipo de gobierno de Marbella, ascendía a 433.000 pesetas, cantidad a la que se deben sumar sus dietas por asistir a los plenos y comisiones.

García Marcos, por otra parte, colocó ayer en el centro de su diana a Jorge González, el funcionario que precipitó el caso Malaya. "Es de esos que se apunta al poco trabajo". "Era como el Guadiana, aparecía y desaparecía", afirmó. La acusada puso en solfa la actitud personal y profesional del jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo con la intención de sembrar dudas sobre su credibilidad. El papel de González ha sido determinante en el caso Malaya. En octubre de 2005, el juez de instrucción Miguel Ángel Torres investigaba si Aifos había incurrido en delito urbanístico en el hotel Guadalpín y lo citó como testigo. El funcionario se despachó a gusto aquel día: contó que Juan Antonio Roca era el jefe de facto del Ayuntamiento y que en el municipio se había implantado la anarquía urbanística. Aquella declaración dio lugar a que la Fiscalía Anticorrupción interpusiera la querella que dio lugar al caso Malaya.

Pero el papel de este técnico municipal va más allá aún de ser un mero detonador de la macro investigación en torno a la corrupción político urbanística en este municipio. Hace justo un año se convirtió también en uno de los principales testigos de cargo en el juicio por el caso Malaya. El 7 de febrero del año pasado contó ante el tribunal que el GIL provocó un caos normativo para que las reglas urbanísticas no estuvieran claras y cualquier proyecto pudiera tener cabida, porque el objetivo era dar las licencias "lo más arbitrariamente posible" en una atmósfera de ausencia de ley.

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