Las discrepancias entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para la liquidación de la deuda histórica está tasada: cien millones de euros. Esa es la diferencia en las valoraciones que han cruzado los dos ejecutivos de las 330 hectáreas con las que se querían saldar parte de los 784 millones que faltan de esta reivindicación andaluza. Tras dos meses y medio de negociación, siguen sin ponerse de acuerdo, y falta justo un mes para que expire el plazo que marca el Estatuto. La Junta tiene claro que no va a ceder. Peleará hasta el "último céntimo" y hasta el "último momento" y, según fuentes del Gobierno autonómico, "no se firmará nada" si no se corrige ese desfase.

El punto de fricción de las tasaciones es de carácter temporal. El cálculo del precio de los solares que se ha puesto sobre la mesa desde Madrid está anticuado, es de hace más de un año y, en ese periodo, el valor del suelo ha caído de manera notable. Por tanto, la ecuación para la Junta está muy clara: si los terrenos que se pactaron son más baratos de lo previsto, habrá que sumar otros hasta alcanzar los 484 millones que se iban a cobrar en metros cuadrados -los 300 millones restantes se compensarán con el traspaso de los activos de Agesa, la sociedad gestora de la Expo 92-. Algo que ya se intuyó desde un principio que podría pasar y se recogió en el acuerdo suscrito en noviembre en la Comisión Mixta Estado-Junta.

Y en eso está el Ejecutivo andaluz, quiere más solares, considera que le corresponden a Andalucía y cree que el Gobierno central también sabe de sobra que sus tasaciones no están bien. De ahí que esté convencido de que al final se llegará a un acuerdo y que el Ministerio de Economía accederá a pagar lo que debe. Ya existen precedentes. En septiembre de 2008, las diferencias estaban en el método para cuantificar la deuda histórica. La parte andaluza quería computar los áticos y los garajes de las VPO en el apartado de vivienda -las otras dos patas de la deuda son educación y salud- y el Ministerio no. En euros eso se traducía en 950 millones a pagar por el Estado y no los 1.204 que demandaba la Junta -420 ya se pagaron como anticipos cuenta en 1996 y 2004-. Esta al final se salió con la suya y ahora espera lo mismo.

El problema está en que el tiempo juega en contra, y tal vez tenga que mediar en este conflicto un tasador independiente. De todas formas, no sería la primera vez que se da una prórroga a los plazos del Estatuto. Seis meses se pospuso la cuantificación respecto al plazo que éste fijaba.

Después de que haya salido a la luz la disparidad en las tasaciones, era previsible que saltara el debate al Parlamento. En la sesión plenaria de ayer, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, atacó por este flanco, considerando que esas diferencias son "la prueba del engaño" que supuso aceptar este sistema de pago en especie, que calificó de "timo de la estampita".

La consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, defendió que el dinero pactado llegará y quiso tranquilizar a la bancada popular asegurando que no se va a aceptar una tasación que no sea en "tiempo real" y que se reclamará hasta el final "cada céntimo" de esos 784 millones.