El Gobierno pide a la Junta que detenga las 'subastas' del SAS para evitar ir al TC

  • Sanidad duda de la legalidad del decreto-ley andaluz que abre la licitación de medicamentos de receta · Administraciones Públicas condiciona el diálogo con el Ejecutivo autonómico a que éste pare el proceso

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El Gobierno central le ha dicho a la Junta que su decreto-ley de medidas urgentes en farmacia puede ser ilegal. Ese decreto abre la puerta al concurso de suministros de medicamentos de receta para la sanidad pública andaluza. De él cuelga la disposición que convoca a los laboratorios a la licitación de estatinas, protectores gástricos y antiagregantes. Y el Gobierno de Rajoy no se sentará a hablar de este tema con la Junta si el SAS no paraliza ese proceso, antes de que acabe este mes. El viernes de la semana pasada, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, envió una misiva a Mar Moreno, consejera de la Presidencia, poniéndola al tanto de la situación. Ayer, el presidente Griñán dio a conocer su oposición al fondo y a las formas de esta iniciativa del Gobierno central y llamó al presidente Rajoy a la responsabilidad: "Debería darse cuenta de que desde el Gobierno se gobierna para todos y no se gobierna con la gaviota detrás, sino con el escudo de España", señaló Griñán desde Almería.

Con esta primera subasta, el SAS pretende ahorrar unos 40 millones en la factura pública de medicamentos, merced a las ventajas asociadas al volumen de compra. Para Griñán, oponerse a ello es "un error" y avisó al Gobierno central de que, si judicializa este asunto, va a conseguir "que los ahorros se produzcan en las cuentas de beneficios de las grandes multinacionales" y que se avance hacia el establecimiento del copago ampliado o de la reducción de prestaciones sanitarias.

En la carta de Beteta a Moreno, este hombre fuerte del departamento que dirige Cristóbal Montoro explica que el Ministerio de Sanidad plantea "dudas" sobre la constitucionalidad del decreto-ley de la Junta. Por ello, le pide a la consejera de la Presidencia una reunión tipo de las habituales entre administraciones para analizar las "discrepancias"; pero condiciona esa cita a que el Ejecutivo autonómico "deje previamente sin efecto" la resolución que articula la licitación de fármacos, todo ello "dentro del mes en curso". Ni una sola vez alude Beteta en la carta a la voluntad del Gobierno central de interponer ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra un decrecto-ley (que modifica una ley autonómica, la de Farmacia, en este caso). Pero, obviamente, tampoco reniega de esa potestad, que estaría obligado a ejercer, en puridad, si se viesen indicios de inconstitucionalidad en esa normativa.

De esta manera, el Ejecutivo de Rajoy aproxima posiciones con los agentes del sector farmacéutico que se vienen oponiendo a esta iniciativa de la Consejería de Salud invocando razones de quiebra de la equidad social en el acceso a los medicamentos, invasión de competencias estatales, obstaculización de la libre competencia y ruptura de la unidad de mercado, razones cuya validez niega sistemáticamente la Administración andaluza, que entiende la idea de las licitaciones como una opción a la que está obligada para mantener la viabilidad de la sanidad pública andaluza en tiempos de crisis. Tras la petición de la patronal de los laboratorios denominados innovadores, Farmaindustria, al Gobierno central para que recurriese el decreto-ley, semanas atrás, emergieron posicionamientos parecidos por parte de la patronal de los genéricos, Aeseg, y la de las oficinas de farmacia de Andalucía, Ceofa. Por su parte, nada indica que la patronal de la distribución, Fedifar, haya cambiado su posición en contra de la idea de la Consejería de Salud. Además, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cafof), que se opone a las subastas desde meses atrás, llegándose a un serio deterioro de sus históricas buenas relaciones con la Administración autonómica, anunció el miércoles pasado la interposición de un recurso de alzada contra la resolución del SAS.

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