Andalucía se queda fuera, de momento, del grupo de comunidades autónomas que ayer recibieron el aprobado del Gobierno a sus planes para reducir el déficit. Se trata de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y Murcias.

El plan de la Junta, defendido por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se llevó el suspenso, al igual que los de Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, puntualizó que a "algunos" de estos planes que faltan por recibir la luz verde del Ejecutivo "les faltan pocos detalles y ajustes" para ser refrendados "en seguida".

Minutos antes de que arrancara el CPFF, Martínez Aguayo, adelantó que Andalucía transmitirá en esta reunión al Gobierno el "firme compromiso" con la estabilidad presupuestaria. Martínez Aguayo destacó de un orden del día de siete puntos dos asuntos "relevantes": la aprobación de los planes de reequilibrio para aquellas comunidades autónomas que lo hayan ultimado, y la aprobación de los objetivos de déficit 2011-2014.

El Ministerio de Economía marcó en el 1% del PIB el déficit en el que podrán incurrir las comunidades autónomas en 2014, con lo que les exige que sigan ajustando el gasto después de haber cumplido el compromiso adquirido con la Unión Europea para el conjunto de las administraciones en 2013. Salgado trasladó a las comunidades autónomas los objetivos de déficit hasta 2014. Se mantienen sin cambios los compromisos de saldo negativo para 2011 y 2012 en el 1,3% del PIB y del 1,1% para 2013. Es precisamente en 2013 cuando España tiene que cumplir el objetivo de haber reducido el déficit del conjunto de sus administraciones al 3% del PIB.

Para este año el déficit español tiene que acabar en el 6% del PIB, un objetivo que, según Economía, podrá alcanzarse si cumplen las regiones con sus compromisos (del 1,3%). En 2012, el déficit del conjunto debe bajar hasta el 4,4%, con las comunidades autónomas también en el 1,3% del PIB.