El entramado de empresas públicas, fundaciones y otros entes instrumentales de los que se han valido los gobiernos autonómicos para crear una administración paralela, con la que eludir determinados controles, ha sido uno de los elementos que han contribuido a disparar su déficit. El Gobierno central así lo ve y está dispuesto a poner coto con la aprobación de una ley, pero mientras tanto hay que actuar, y ya ha acordado con las comunidades la supresión de unas 450 empresas públicas.

Esta última medida fue pactada en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado el pasado martes en Madrid, y como detalló ayer el secretario de Estado de Administraciones, Antonio Beteta, supondrá que estén liquidadas "notarialmente" a 31 de diciembre de este año -ya estaba contemplado en el Plan de redimensionamiento de este sector firmado en 2010-. El ajuste será "duro" y vaticinó que habrá problemas, no sólo de valoración sino también porque muchas de las empresas públicas son consorcios o tiene presencia el sector privado o naturaleza de fundación.

Ante esta situación, Beteta dijo que lo esencial es disminuir el gasto público y que, si es necesario, una nueva norma limitará qué sectores de actividad son de verdad empresas públicas, "y no instituciones disfrazadas". No avanzó una estimación del empleo que puede destruirse con el plan de redimensionamiento del sector público en 2012 y serán los gobiernos autonómicos quienes elaborarán unos informes o "fichas" para que el Gobierno central haga una evaluación exacta de cada una. En estos informes, el Ejecutivo analizará la deuda que tiene cada empresa y que "habrá que pagar", así como el empleo y los convenios en cada organismo para ver el coste de despido. "Es duro y no es nada fácil, pero es imprescindible para el mejor funcionamiento de la hacienda publica. Detrás del déficit público y de su control está el empleo y esta es la obsesión de las administraciones públicas", aseveró.

El Gobierno andaluz ya sabe lo duro que podría ser este proceso. A lo largo del último año ha acometido la supresión de 111 de los 255 entes instrumentales que conforman la estructura de la Junta. También es cierto que no ha sido un proceso de liquidación, tal y como pide el Gobierno, sino que han sido operaciones de transformación, absorción o fusión, que se han concentrado en torno a 8 agencias públicas, a las que habría que añadir otras 16 instituciones que se han modificado. La reducción del organigrama no ha sido lo más difícil, sino que miles de funcionarios se hayan echado a la calle al ver que en esta reordenación del sector público hay una amenaza de su posición respecto al personal laboral, por lo que han venido a ver esta norma como una ley de "enchufismo".

Pese a este conflicto, la condensación de las empresas públicas ha supuesto un ahorro interesante para la Junta, por cuanto se han suprimido 189 puestos directivos, lo que ha salvado 3,29 millones en las arcas autonómicas, además de otros 26 millones por la eliminación de sedes y por alquiler de oficinas -41.000 metros cuadrados, con lo que supone de gasto en agua y luz-, y la baja de 800 vehículos oficiales.

El punto de partida de la Junta, por tanto, es distinto y, como explicó la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, Andalucía ya está sumida en una "profunda" reordenación del sector público que se ha traducido hasta el momento en "una reducción en un 48% del número de empresas", en un proceso que ha sido "problemático", pero en el que "se ha hecho un esfuerzo enorme y vamos a seguir haciéndolo, emprendiendo esta medida con decisión". Aunque este movimiento de fichas tendrá que esperar a las elecciones autonómicas del 25-M, ya las encuestas auguran la victoria electoral del PP.

El apoyo de Martínez Aguayo a este planteamiento se amplía a otros que fueron expuestos en el seno del CPFF por el ministro de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Así, vio "muy razonables" el que el Gobierno pueda socorrer a las comunidades en quiebra, pueda intervenir y sancionar a las que no cumplan los objetivos del déficit, o ampliar a 10 años el plazo para devolver al Estado los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009, e incluso se mostró de acuerdo con la futura ley de estabilidad presupuestaria, aunque falta por ver la letra pequeña. Esta actitud de la consejera es radicalmente opuesta a la de hace tan sólo diez días, cuando se mostraba muy molesta por los recortes que vaticinaba del Gobierno central a Andalucía y que llegó a cifrar en 3.200 millones -2.000 por el impacto de sus medidas y el resto por la rebaja en la financiación autonómica-.

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