La primera estimación económica de los daños causados por el temporal que ha azotado las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva podrá tenerse hoy, según dijo ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que se reunió en Sevilla con 35 ediles de municipios afectados. En Madrid, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presidió la reunión de la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios que analizó las consecuencias de los temporales. El Ejecutivo tiene previsto aprobar mañana ,en el Consejo de Ministros, ayudas para las zonas damnificadas.

Algunas oficinas municipales para recoger la petición de ayudas y tramitar los expedientes se abrieron el martes y otras, ayer mismo, explicó Sanz. El delegado del Gobierno insistió en que aún es pronto para calcular, ni si quiera aproximadamente, los daños causados por el temporal.

El director general de Protección Civil, Juan Antonio Díaz Cruz, informó que los seis mil expedientes y el cálculo de entre 22 y 25 millones de euros efectuado por el Consorcio de Seguros para la provincia de Málaga da una idea "de la gran magnitud" de los daños causados. Díaz Cruz dijo que no se registraba un temporal tan dañino desde hace 25 años, y ofreció a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a la Administración autonómica la posibilidad de enviar técnicos de Protección Civil para ayudar en la tramitación de los expedientes, si fuese preciso.

Sanz no pudo dar seguridad de que el cálculo de daños esté disponible para el próximo Consejo de Ministros, si bien aclaró que desde 2005 existe la posibilidad de tramitar ayudas urgentes sin la necesidad de declaración de zona catastrófica. Según el delegado del Gobierno, existe la posibilidad de tramitar ya obras de emergencia, como las que afectan a la incomunicación por haber afectado caminos y carreteras o para evitar los riesgos que hayan causado algunos destrozos.

Independientemente de ese tipo de ayudas, las subdelegaciones del Gobierno y la Delegación del Gobierno reúnen ahora toda la información que le envían desde cada Ayuntamiento afectado para, una vez que se tenga toda esa información, efectuar una primera estimación de daños y una memoria económica que remitirán al Consejo de Ministros para que determine finalmente las ayudas necesarias. Esa norma del Consejo de Ministro será la que dé cobertura, de manera más amplia, a otro tipo de daños, como los causados en actividades económicas, costas y playas y demás dominio público marítimo terrestre e infraestructuras turísticas. Los afectados tienen hasta un mes de plazo desde que se la emergencia se da por finalizada para solicitar ayudas por los daños.