La extralimitación en la que la Junta considera que ha incurrido el Gobierno central en el deslinde de 37 kilómetros de costa de Doñana puede acabar en los tribunales. El Ejecutivo autonómico estima que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) se ha excedido en la aplicación de la Ley de Costas, al extenderla a 9.200 hectáreas que están comprendidas entre Matalascañas y la desembocadura del Guadalquivir, y ya ha presentado alegaciones que, de no atenderse, advierte que podrían acabar en la vía contencioso administrativa.

Aunque no parece por el momento que el trasfondo sea una invasión de competencias, lo cierto es que a la Junta no le ha sentado nada bien la maniobra del MARM. El conflicto está en las "formas": el Gobierno andaluz cree, en palabras de su presidente, José Antonio Griñán, que el deslinde es "muy superior a lo razonable". El departamento que dirige Elena Espinosa ha querido catalogar el sistema dunar de Doñana como zona litoral, y por tanto zona de dominio público marítimo terrestre con una mayor protección hasta 4,8 kilómetros tierra adentro, lo que la Consejería de Medio Ambiente no termina de aceptar. Cree que puede resolverse "mejor" con otros criterios, como marcar la frontera en la denominada Flecha de Doñana.

La discrepancia en los límites está en buena medida en que puede sentar un peligroso precedente. De hecho, el propio Griñán así lo advirtió ayer: "Imagínense aplicar esa misma superficie de deslinde a toda la costa".

En cuanto a las formas, tampoco parece encajar bien el hecho de que este deslinde no haya pasado siquiera por el Consejo de Participación de Doñana, institución en la que están representadas las dos administraciones, además de los ayuntamientos de la comarca, empresarios, sindicatos, ecologistas, cazadores, propietarios y la Estación Biológica de Doñana.

Por el momento, mientras el procedimiento administrativo sigue adelante, los dos gobiernos quieren aplacar cualquier atisbo de desconfianza mutua, y para ello, ningún argumento mejor que el que están de acuerdo en el "fondo": que este parque natural goce del máximo nivel de protección. Prueba de esta actitud, es que el Ejecutivo autonómico guarda por ahora silencio sobre el contenido de sus alegaciones.

Quien no quiere guardarlo es el PP. Su presidente a nivel regional, Javier Arenas, señaló ayer que, ante el deslinde del MARM, la Junta está exhibiendo "complicidad y docilidad". Y como prueba, mencionó que de haberse hecho por un gobierno del PP habría una "guerra abierta", en lugar del "ocultismo" que impera cuando la operación es de un gobierno "amigo" .