A menos de un mes de la huelga general del 29 de septiembre, y precedido de unas relaciones cuanto menos frías entre el Gobierno andaluz y los sindicatos, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, abrió ayer el curso político con una conferencia de prensa en el palacio de San Telmo cargada de guiños a los "agentes sociales". Es decir, a la Confederación de Empresarios, pero sobre todo a los sindicatos, y en especial a UGT y CCOO, las centrales firmantes del séptimo acuerdo de concertación social, muy descontentas con la Junta por la reforma del sector público y por las dudas que se abrieron sobre la reforma de los servicios andaluces de empleo de los que Griñán habló con Zapatero durante su entrevista en Moncloa el pasado 23 de agosto. "El diálogo social no se va a interrumpir, se va a seguir hablando desde ahora hasta el día de la huelga general y al día siguiente también", manifestó Griñán, que a la pregunta de si opinaba que la huelga también afectaría a su Gobierno, contestó, claramente, que sí.

"Me doy por aludido -dijo en referencia a la huelga-. Me doy aludido personalmente, como persona que quiere entender a las dos partes, al Gobierno central y a los sindicatos, cada uno tiene su parte de razón". No obstante, el presidente aseguró que la huelga "no es un acontecimiento positivo".

Cinco años después de la mudanza a la Casa Rosa, el Consejo de Gobierno de la Junta volvió a reunirse en el palacio de San Telmo, el monumental edificio barroco situado en la orilla del Guadalquivir y restaurado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. Eso sí, lo hizo sentado sobre las mismas sillas y la misma mesa de vidrio que durante estos años ha tenido en la Casa Rosa, y es que la Junta ha optado por dejar la decoración y el mobiliario para mejores tiempos. La restauración, encargada durante la anterior legislatura, ha costado 46,7 millones de euros, aunque la consejera de Presidencia, Mar Moreno, cuantificará en el Parlamento la inversión completa. Algo más de 400 trabajadores se están incorporando a la antigua sede restaurada, entre funcionarios de Presidencia, agentes de la Policía Autonómica y personal de limpieza.

La invitación de diálogo que Griñán se encargó de realizar a los agentes sociales no se hizo extensivo, sin embargo, al PP: "Tengo claro que a la derecha lo que le preocupa es aliarse con la crisis". El Gobierno andaluz encara el curso político con dos hitos: el de la huelga general, del 29 de septiembre, y el de las elecciones municipales de mayo. Sobre la huelga y sus razones, Griñán se encargó de resaltar que el Ejecutivo andaluz -"el Gobierno, mi Gobierno", dijo en varias ocasiones- no va a abandonar las políticas sociales ni las encaminadas a la creación de empleo, de ahí que se reafirmase en todos los acuerdos alcanzados con los sindicatos en el texto de la concertación. "Si hay algo en lo que creo, es que los empresarios y los sindicatos son los garantes del empleo", afirmó. Sí asumió que este año se implicará en las elecciones municipales y, según fuentes de Presidencia, dedicará mucho más tiempo a viajar ahora que deja atrás su primer año al frente de la Junta. Mañana jueves viaja a Almería. No obstante, y con independencia del resultado de esos comicios o de si el Gobierno central adelanta las elecciones si puede aprobar los Presupuestos, Griñán se reafirmó en que las autonómicas se celebrarán en 2012.

Uno de los últimos roces con los sindicatos fue el anuncio de cooperación con el Gobierno central para coordinar las políticas pasivas de empleo (las prestaciones) con las activas (los cursos). Tras su encuentro con Zapatero, Griñán se refirió a la reforma del Servicio Andaluz de Empleo, lo que provocó las quejas sindicales, desconocedores de estos extremos. Posteriormente, el titular de Empleo, Manuel Recio, aseguró que no se haría nada sin hablar con los sindicatos. En el fondo de este asunto -aún no explicado del todo- subyace el problema de que las prestaciones las gestione el Gobierno central, y que por tanto pague y conozca los datos del desempleado, y los cursos dependan de la Junta. Griñán admitió que las transferencias no se hicieron del modo más adecuado y que el receptor de las políticas pasivas -el desempleado que cobra el paro- es el mismo que el de las activas -quien recibe el curso.