La Guardia Civil incluye al ex alcalde de El Puerto en una trama urbanística

  • Las investigaciones señalan a Hernán Díaz como el urdidor de una red para especular con licencias para chalés

Ellos se lo guisaban, ellos se lo comían. Los técnicos municipales preparando el papeleo necesario para regularizar los chalés ilegales, promovidos en El Puerto fundamentalmente por chiclaneros. Y los políticos, concediendo licencias o firmando decretos para legalizar las viviendas. La operación Tequila, de la Guardia Civil, ha descubierto una trama dedicada a la especulación urbanística en El Puerto de Santa María (Cádiz) durante el anterior gobierno de Independientes Portuenses (IP).

Al frente de esa red los investigadores sitúan a cuatro personas manejando los hilos: el ex alcalde, Hernán Díaz, que tuvo que dejar la Alcaldía al ser inhabilitado por un delito de prevaricación -nombró a dedo al jefe de la Policía Local-, su edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y dos técnicos del Área de Urbanismo: el jefe de Licencias, Fernando Jiménez Fornell, y su novia, Milagros Trigo, delineante del Servicio de Infraestructuras de Urbanismo, que en la actualidad siguen en los mismos puestos. Ella figura al frente del estudio de arquitectura Tec, pieza clave de la trama.

En total, son 11 las personas que han sido imputadas en la trama. Junto a estas cuatro, están implicados otros arquitectos, como Isabel Ruiz Vázquez, trabajadora del estudio Tec, autora de varios de los proyectos que siempre lograban informes a favor de Jiménez Fornell y los consabidos decretos de regularización y las licencias municipales, que rubricaban Díaz o Rodríguez, además de varios promotores de Chiclana. Todos ellos han sido imputados por la Guardia Civil en la supuesta comisión de delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

La investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de El Puerto, se inició a raíz de una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz de la agrupación local de Izquierda Unida hace ya más de dos años. Fue a finales de 2007 cuando IU denunció la supuesta comisión de irregularidades por parte de ex dirigentes de IP y técnicos municipales.

Las pesquisas emprendidas por el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz han determinado que "ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto entre 2004 a 2007 concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las actuaciones serían legales al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter de urbano ó aún teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística".

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