Hacienda reclama 43.000 euros a la familia de una víctima del Bazar España por ayuda municipal "estafadora"

  • La indemnización fue consignada como si se tratase de una subvención y el fisco reclama por ayuda "engañosa" · Se ha embargado la nómina del padre de la fallecida y la familia alerta de que pueden perder su casa.

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La familia de la joven de 17 años Ana María Barroso Albarrán, una de las cinco víctimas mortales del derrumbe del muro del Bazar España ocurrido el 31 de diciembre de 1998, ha expuesto un agravamiento de la situación sufrida por la indemnización recibida por parte del Ayuntamiento de Sevilla -al que acusó de dar una ayuda "engañosa" y "estafadora"-, y que ha propiciado que Hacienda les reclame un montante de 43.000 euros por haber sido la indemnización declarada como si se tratase de una subvención del Consistorio a estas familias.

La madre de la joven y presidenta de la Asociación de Víctimas Solidarias creada después del suceso, Ana Albarrán, informó a Europa Press de que, a juicio de la familia, es el alcalde de la ciudad, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), el que "por no querer hacer caridad ni justicia, sino buscar un vericueto jurídico", creó este problema. Por lo tanto, añadió, "es responsable del mismo y quien está obligado a resolverlo".

"Han embargado la nómina de mi marido y probablemente perdamos la casa"

La situación de la familia, casi diez años después de que se produjera el derrumbe, ha llegado a un punto en el que "después de tantos años de silencio por parte del Ayuntamiento, de sufrimiento y de lucha", y por no poder pagar la cantidad que se les pide, "han embargado la nómina de mi marido y probablemente perdamos nuestra casa, por lo que cualquier día toda mi familia se puede ver en la calle".

Si ello ocurriera, expuso Albarrán, aseguró que "durante el día entero estaré en las puertas del Ayuntamiento, y por la noche en la puerta de su casa, para recordarle hasta donde ha llegado su palabra".

De hecho, la madre de la víctima llegó a aseverar que durante los dos últimos años la corporación local la ha tenido "como una pelota, botando de un sitio para otro, reuniéndome con varios altos cargos del Ayuntamiento de Sevilla, donde el secretario decía que el alcalde iba a solucionar el problema, entregando todas las documentaciones que me pedían, llamando todos los días al Ayuntamiento y sin recibir nunca respuesta".

Albarrán criticó duramente que en la última reunión con la dirección de Asuntos Sociales, hacia donde la derivó el alcalde, "me ofrecieron un cheque de 300 euros para comida". "Fue tal el dolor que sentí dentro de mí al oír esta limosna que las lágrimas me ahogaban, no pudiendo ni hablar", dijo.

El Ayuntamiento aseguró que la compensación "estaba libre de impuestos"

Según Albarrán, el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Enrique Barrero, les aseguró que este dinero, que recibieron en 1999, estaba "libre de cargas y exento de impuestos", si bien les advirtió que al final del proceso judicial podía producirse que el juez en la sentencia les descontase esta cantidad de la indemnización total que pudieran recibir.

La también presidenta de la Asociación de Víctimas Solidarias hizo hincapié en que recibieron el dinero en concepto de donación, con lo que sabían que tendrían que pagar aproximadamente en impuestos un 3% a la Junta de Andalucía, "pero nunca el 50% del total de las ayudas que nos reclama ahora la Agencia Tributaria". "De haber sabido esto, no hubiésemos aceptado este dinero humillante e indigno por la muerte de una hija", añadió.

Al final, la ayuda se clasificó como "solidaria" y no como una indemnización propiamente dicha por la tragedia del 31 de diciembre de 1998, que provocó la muerte de cinco personas, ya que, de haberse estipulado en este concepto, también estarían exentos de pagar impuestos, pero el PA se opuso y entonces se produjo la crisis de gobierno municipal con la dimisión del delegado de Participación Ciudadana, Mariano Pérez de Ayala.

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