Hacienda creará una oficina para prevenir y sancionar la corrupción

  • Montero también anuncia deducciones en el tramo autonómico del IRPF y el impuesto de sucesiones. Reordenar el sector público "para eliminar duplicidades", otro de los objetivos.

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Reordenar el sector público, reducir los impuestos y luchar contra el fraude. Serán las líneas maestras de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, según explicó ayer en el Parlamento la titular del departamento, María Jesús Montero. Para "prevenir, detectar y evitar las malas prácticas" en la administración, se pondrá en marcha -aunque todavía no se sabe cuando- la Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción de Andalucía. Este organismo estaba incluido en el programa electoral del PSOE y fue anunciado por la presidenta Susana Díaz en la campaña de las andaluzas, pero la idea del equipo que lidera Montero es que tenga la capacidad de sancionar a los infractores e, incluso, denunciar ante la Fiscalía posibles delitos.

"La evaluación de políticas públicas será elemento nuclear de la gestión" con vistas a que sea "elemento de control a la vez que se eviten procesos administrativos interminables", señaló la consejera durante la comisión parlamentaria, donde se refirió a la transparencia y la rendición de cuentas como dos de sus objetivos prioritarios en la legislatura.

En esa dirección va la creación de un nuevo modelo de gestión centralizada de la tesorería, que debe permitir la reducción de tiempos de pago "y ganar en eficacia". También se revisará el reglamento de Inspección General de Servicios, que tendrá competencias en el seguimiento de la Administración; así como la regulación del personal directivo, que tendrá "carácter ético" y donde se establecerá un régimen sancionador.

En materia de reordenación, la María Jesús Montero aseguró que su intención es continuar con la labor de reducción del organigrama de la Junta para hacer a la administración "más eficiente", de forma que las remodelaciones del sector público instrumental "no va a incluir sólo a reducción de altos cargos, sino también sobre recursos humanos". Sin embargo, dejó claro que "se efectuará una convergencia de entes instrumentales", aunque garantizó que "no habrá pérdida de empleo, sino una racionalización de estructuras".

En este sentido, la consejera recordó que desde 2011 se han eliminado 132 organismos y agencias en la administración andaluza, de forma que Andalucía es la región que más instituciones ha eliminado y tiene "cinco veces menos entes que otras comunidades". Según la hoja de ruta de Montero, el objetivo de todas estas medidas es "modernizar y ganar en transparencia y eficiencia", además de conseguir "que los empleados públicos recuperen los derechos perdidos durante la crisis".

La reforma del régimen fiscal que compete a la Junta de Andalucía también está dentro de los planes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Montero apuntó que su departamento apuesta por un sistema "justo y suficiente", donde "todos por igual se beneficien de los recursos públicos en función de sus necesidades, no de su renta". Por ese motivo pretende establecer deducciones en el tramo autonómico del IRPF y en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, donde se plantea un aumento de la reducción autonómica. También habrá bonificaciones en la cuota del Impuesto sobre Patrimonio, y se aplicará un tipo reducido en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Además, la Junta aprobará la devolución del gravamen a los transportistas del Impuesto sobre Hidrocarburos y se aprobará un nuevo Plan de Lucha contra el Fraude, junto a un plan específico para hacer aflorar la economía sumergida.

Los partidos de la oposición coincidieron en la necesidad de reformar la administración pública y poner en marcha medidas de transparencia y lucha contra la corrupción política, pero mostraron su desacuerdo con las propuestas que hizo la consejera en materia fiscal e impositiva.

El diputado del PP José Antonio Miranda afeó a Montero que dijera "exactamente lo mismo que dijo el 19 de septiembre hace dos años, en materia de reordenación de la administración"; mientras que los representantes de Podemos, Carmen Lizárraga, y Ciudadanos, Carlos Hernández, insistieron en la necesidad re revisar el funcionamiento del sistema público y hacerlo más eficiente. Hernández, además, pidió la reforma del Sistema Andaluz de Empleo. Elena Cortés, de Izquierda Unida, pidió una fiscalidad más progresiva y la puesta en marcha de una auditoría ciudadana de la deuda.

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