El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, quiere que el decreto ley de la Junta para garantizar los suministros mínimos de agua y energía eléctrica estén listo en 2014. "Se puede hacer y se va a hacer", dijo ayer Valderas en una entrevista en La Sexta. El vicepresidente expuso que la medida irá destinada a las familias perceptoras del ingreso mínimo de solidaridad, más conocido como salario social, unas 46.000, cifra que es "ampliable" ya que, según matizó, hay muchas familias que ni siquiera están en ese salario social.

La iniciativa que Valderas rescató el miércoles en un foro y que ya había anunciado en agosto podría llegar el próximo martes al Consejo de Gobierno, si bien únicamente se ha elaborado un estudio para comenzar el trámite de su aprobación. Con todo, el socio de Gobierno, el PSOE, acogió con frialdad la medida y el miércoles subrayó que "está en estudio", dijo el portavoz parlamentario, Francisco Álvarez de la Chica. Los socialistas ya han frenado otras reivindicaciones de IU, como un impuesto a las grandes superficies o el banco público de tierras.

IU urge a la aprobación de esta medida, por la que se suministrarían cien litros de agua potable al día y 1.400 kilovatios al año a estas familias. Este gasto conllevaría unos 20 millones de euros adicionales a rescatar de otros fondos de la Junta ya pergeñados en el Presupuesto de 2014. IU plantea un fondo de solidaridad con aportaciones que se detraerían de las subvenciones que concede la Junta (sobre un 0,7% de cada una de ellas) o bien de aumentar la carga impositiva a través de las tasas.

Preguntado por si había abordado esta medida con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, Valderas dijo que la jefa del Ejecutivo andaluz ha reaccionado "bien". Añadió que nadie puede "patrimonializar" esta medida, que será "transversal".

El vicepresidente consideró que con medidas de este tipo, Andalucía está a la "vanguardia" de temas "pioneros" y que deben hacer reflexionar al conjunto de la sociedad. Reflexionó que en muchas ocasiones los alcaldes acuden en ayuda pero hasta ahora no se había hecho una norma que "tenga espectro de universalidad de derechos".

Por parte del PSOE no hubo comentario. El responsable de la Oficina de la Vicepresidencia en Córdoba y coordinador de IU en dicha provincia, Pedro García, reconoció ayer que hay "desencuentros" en el seno del Gobierno andaluz, entre PSOE e IU, a cuenta de este anuncio, aunque los consideró "salvables".

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, instó ayer a la Junta de Andalucía a que aclare cómo va a aplicar la medida de proporcionar electricidad gratuita a colectivos desfavorecidos, ya que las empresas "tienen que cobrar por lo que venden".

"Si la Junta va a habilitar una partida específica para financiar el precio de la electricidad y el gas (de esto no se ha hablado) a determinados consumidores tendrá que decir cómo lo va a hacer", sostuvo el ministro en declaraciones a los periodistas tras inaugurar unas jornadas en Sevilla.

Por parte del sector, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se mostró partidario de atender situaciones concretas de suministro de luz o agua a personas que lo están pasando mal, aunque se manifestó contrario a "modelos de gratis total" que han llevado a que se dispare la deuda pública. Galán, que participó en Valladolid en un foro del Consejo Empresarial para la Competitividad, dijo que "los modelos de todo gratis sabemos a donde nos han llevado; a una deuda pública sobre el PIB de casi el cien por cien y si vamos por ese camino iremos a niveles indigeribles". Las empresas de abastecimiento de agua se quejaron de no haber sido consultadas.