La Junta de Andalucía destinará 278,6 millones de euros a los servicios de inserción de menores infractores en centros de internamiento y grupos educativos de convivencia, que no implican la privación de libertad, durante el periodo 2016-2019.

La mayor parte del contrato que se licita, 254,44 millones de euros, corresponden a los servicios de guarda, reeducación e inserción, una labor que realizan entidades sin ánimo de lucro bajo la supervisión de la Consejería de Justicia e Interior. Según el cálculo de la Administración, cada año se ejecutan 1.800 internamientos en este tipo de centros en cumplimiento de las sentencias de los juzgados de menores.

En total, se autorizan 733 plazas, 514 en instalaciones de la Junta y 219 en centros de las entidades beneficiarias del contrato. Dentro de este último paquete se crean 20 nuevas plazas en Huelva, provincia donde hasta ahora no existía ninguna institución para albergar a menores infractores, según el contrato vigente desde 2010.

El resto del presupuesto, que asciende a 24,17 millones de euros, se dedica a los mencionados grupos educativos de convivencia, que ofrecen en la actualidad 129 plazas. Este servicio ya cuenta con una dotación de 22,26 millones de euros, formalizada en 2013, y que sirve para financiar su labor hasta 2017.

Los menores que forman parte de este proyecto trabajan con entidades privadas, que ejecutan las medidas judiciales sin internamiento correspondientes a los Servicios Integrales de Medio Abierto, donde se incluyen las relativas a la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, arrestos de fin de semana y tratamiento terapéutico. Para ello, se contratan grupos de nueve profesionales: una persona encargada de la dirección, una titulada en Psicología, otra en Trabajo Social y seis educadores.