Imputados el interventor y la tesorera de San Fernando por el robo de la caja

Seis años después de que el robo de 7,8 millones de euros del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) saliera a la luz, la tesorera y el interventor -María de las Virtudes Gómez Montero y José Antonio López Fernández, los dos funcionarios municipales de máximo rango en materia económica- han sido imputados por la juez que recientemente se ha hecho cargo de la instrucción del proceso.

El auto dictado el pasado día 20 por la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número dos -que trascendió ayer, una vez notificado a las partes- implica directamente a ambos responsables en la causa penal al entender que la ausencia de celo en los mecanimos de control más básicos permitió el robo continuado de la caja de efectivo de las oficinas de Hacienda de manera diaria durante casi siete años.

Sobre esta cuestión insistían las conclusiones de las primeras investigaciones policiales que se llevaron a cabo en 2009, el controvertido informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía y también el Tribunal de Cuentas durante el juicio contable que, como responsables subsidiarios, les condenó en 2013 al pago de 67.000 y 29.544 euros (aunque se ha presentado un recurso de apelación contra esta resolución).

Ahora, no obstante, la juez habla de una conducta "dolosa" por parte de interventor y tesorera habida cuenta de la "ausencia absoluta de las funciones de control" que tenían encomendadas por su cargo, lo que les relaciona con el presunto delito de malversación de caudales públicos cometido supuestamente por los cajeros, Clemente Ruiz y María José Lebrero, a los que desde un primer momento se les considera como principales sospechosos.

El auto es especialmente duro con los dos funcionarios responsables de la custodia de los fondos públicos, a los que se les recuerda el "burdo" sistema que supuestamente se utilizaba en el desfalco y que, sin embargo, no fue detectado en casi siete años.

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