Diferentes colectivos han manifestado su malestar con el llamado Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) que se aplica en Andalucía. La cuantía, las condiciones para solicitarla o la duración de la ayuda son algunas de las características que más críticas suscitan. Sin embargo, numerosas asociaciones -independientemente de su inclinación religiosa o política- coinciden en que el mayor defecto del IMS en no solucionar la situaciones de necesidad más que momentáneamente.

Se trata de una medida ex post, es decir, una vez que se ha producido la exclusión. Como alternativa a esta ayuda, aplicada en todo el territorio nacional aunque con diferente terminología, se desarrolló el concepto de renta básica, una media ex ante, es decir, su objetivo es prevenir -y combatir- la exclusión social y la pobreza. La discusión en torno a la renta básica viene del siglo pasado. A finales de los años 60, nada más aterrizar en la Casa Blanca, el presidente republicano Richard Nixon intentó poner en marcha en Estados Unidos el Plan de Asistencia Familiar, que destinaba a las familias 2.500 millones de dólares. El programa fue paralizado en el Senado por los demócratas.

En España, hasta 1995 esta medida era prácticamente desconocida. Comenzó a hablarse de ella gracias a trabajos teóricos, pero con el nuevo milenio y la época de bonanza la renta básica o RB cayó en el olvido. La crisis trajo de vuelta el debate sobre la ayuda. Podemos la recogía en su programa para las elecciones europeas con el nombre de Renta Básica Universal. El partido de Pablo Iglesias definía la medida como un "ingreso incondicional pagado por el Estado" a todos los residentes en España "sean nacionales, nacionalizados o residentes legales". En abril recuperaron la iniciativa y la bautizaron como Renta Ciudadana para presentarla en las próximas elecciones generales, aunque aun se encuentra en fase de borrador. Jesús Romero, diputado en el Parlamento andaluz por Podemos, afirma que "el Ingreso Mínimo de Solidaridad solo atiende al aproximadamente 1% de la población nacional, sobre todo a los menores y las mujeres". "Andalucía es la comunidad más perjudicada, se prestan muy pocas ayudas y de muy poca duración, no se puede garantizar una vida digna para los que lo necesiten. Lo que nosotros proponemos esta en el marco de salvar a las personas, y no a los bancos, como hasta ahora". Romero afirma que hay una previsión de que la ayuda sea de 7.500 euros al año por adulto y unos 2.500 por menor. "Según los técnicos se podrían reunir 90.000 euros al año combatiendo el fraude fiscal y las ventajas de las rentas altas".

El PSOE también se ha sumado a la reformulación de este tipo de ayudas, en su caso con el Ingreso Mínimo Vital. Esta medida, anunciada por el secretario general del partido, Pedro Sánchez, el pasado lunes pretende alcanzar hasta los 6.000 millones de euros al año para luchar contra la pobreza. Esta es una media ex post, que coincide con Podemos en su duración: para siempre, pero hasta que se necesite. Los socialistas afirman que para esta medida habrá "un itinerario personalizado de inserción laboral y se coordinará con las ayudas ya existentes de las comunidades autónomas".

En Andalucía la preocupación por la ineficacia y el descontento con el IMS se manifiesta en la plataforma ciudadana Por una renta básica de inclusión en Andalucía. Está conformada por la plataforma Compromiso Social -de la que forman parte UGT y CCOO- y la Red andaluza de Lucha contra la Pobreza (EAPN), entre otros colectivos. Todos ellos fomentaron y suscribieron una iniciativa legislativa popular (ILP) presentada al Parlamento y que fue rechazada la semana pasada por falta de recursos económicos y por ser considerada una competencia estatal. Sin embargo, la directora de EAPN, Lola García, recuerda que "la cuantía de las ayudas la ponen las comunidades, Navarra y País Vasco cuentan con esta renta".

García dice que "las ayudas actuales son de parcheo, se hacen para paliar situaciones concretas y no estructurales, por lo que son insuficentes. Para acabar con esta situación hay que aplicar la ley". Con esta iniciativa ciudadana, explica García, se quiere "no sólo garantizar unos ingresos monetarios, sino un doble derecho a recibir programas y procesos de inclusión. ¿Para qué vas a diponer de una renta mínima si no tienes una casa?", se pregunta la responable de la Red. "No todo se arregla con los programas de inserción ni con ayudas económicas, ¿cuántas familias hay con trabajo y que no pueden hacer frente a todos los gastos?".