Investigan irregularidades en contratos de la Agencia de Gestión Agraria

  • El fiscal atiende a la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios que advierte de que la entidad "llevaría más de 15 años contratando al mismo personal impuesto por la Consejería sin requisitos"

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El Fiscal Superior de Andalucía ha decidido incoar diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia presentada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que advirtió sobre el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de forma que el sindicato pidió esclarecer las "posibles irregularidades" que recoge ese informe sobre la contratación de personal de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), procedente de la extinta Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía SA (Dapsa), desde 2001, cuando se realizó un primer informe, hasta la actualidad.

Según indica el SAF en una nota, el Informe ha detectado que "en los expedientes analizados correspondientes a personal directivo y de especial confianza no consta documentación que pueda acreditar que la selección se haya realizado mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia (...). Tampoco se ha podido determinar si su provisión se ha realizado atendiendo a los principios de mérito, capacidad e idoneidad".

El sindicado agrega que "lo mismo sucede con los expedientes analizados de personal contratado" y apunta que el informe recoge hechos que "podrían suponer indicios de responsabilidad contable por alcance por los importes abonados sin justificar, al indemnizar a contratados de alta dirección y asesores de especial confianza, al margen de la normativa y sin justificación".

Según la Cámara, el personal de otras campañas es renovado anualmente y afirma que "es la misma Consejería la que especifica las personas y/o empresas a las que DAP debe contratar, por lo que no existe un proceso administrativo que dé cobertura al cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia. Asimismo se ha podido comprobar la contratación de los mismos profesionales en ejercicios sucesivos".

De esta forma, según el sindicato, Dapsa, ahora Agencia, "llevaría más de 15 años contratando al mismo personal impuesto por la Consejería sin requisitos y sin procedimientos administrativos".

El SAF advierte que si esto fuera cierto, "podrían existir  responsabilidades por un delito de tráfico de influencias" y manifiesta la gravedad de los hechos detectados. El sindicato denuncia que, "a pesar de todo, la empresa pública duplicara su personal, pasando de 838 trabajadores en 2001 a, una vez subrogados en la Agapa, 1.610  trabajadores en 2011".

Añade que, según la sentencia del Juzgado de lo contencioso número 3 de Sevilla, "el 85 por ciento del personal de la extinta Dapsa es indefinido no fijo, concretamente 1.546 trabajadores de los 1.812 trabajadores que tenía en la fecha de la sentencia, habiendo cambiado la titularidad en los contratos el día 1 de mayo de 2011".

Precisa que también existen "irregularidades" en materia de transferencia de financiación corrientes y de capital, referente a una "clasificación económica de los créditos inadecuada, consignando como "transferencias de financiación" y "transferencias de asignación nominativas de capital", de manera que "lo que en realidad eran créditos destinados a financiar actividades de explotación específicas de la CAP, que podrían ser susceptible de ilícito penal".

SAF entiende que las ofertas de empleo público "son las herramientas que se deben utilizar para que cualquier ciudadano pueda acceder a la Administración pública en igualdad de condiciones". El sindicato estima que la contratación de personal laboral en el seno de una Agencia de Régimen Especial, sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad como obliga la Constitución Española, "puede ser constitutivo de un delito de prevaricación y nombramiento ilegal, más aún con el volumen de caudales públicos destinados a las mismas".

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