'caso ere'

La Junta acepta el envío a la juez de las actas selladas tras un nuevo ultimátum

  • Alaya advierte que puede incurrir en desobediencia si no entrega las actas de los consejos e insiste en poseer los documentos aunque sea en sobres lacrados.

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El culebrón que protagonizan la Junta de Andalucía y la juez encargada de investigar el caso de los presuntos ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, sumó ayer un nuevo capítulo, que no se presume desenlace final, en torno a las diferencias mostradas sobre el envío de las actas de los consejos de Gobierno de los últimos diez años para la investigación del caso. 

Alaya requirió esta documentación (480 actas) en un primer auto, la Junta anunció su negativa a entregárselas al considerar que se excedía de las competencias a investigar, la juez volvió a insistir el pasado viernes y citó a los servicios jurídicos de la Junta, que este lunes confirmaron la separación: la juez tendría que recurrir al Tribunal Supremo si quería estas actas.

La esperada reanudación de esta suerte de diálogo epistolar no decepcionó. Como ha acostumbrado, la juez volvió a dirigirse ayer a la Junta con contundencia y en un nuevo auto le dio un ultimátum de 72 horas  para que entregue esta documentación bajo custodia del juzgado hasta que el órgano superior decida sobre el conflicto jurisdiccional. Se trata de una medida cautelar, de carácter provisional, "para evitar que se eluda la acción de la justicia".

La juez propone que estas actas sean remitidas en sobres cerrados y lacrados, "o con los precintos que se consideren convenientes",  que quedarán en el juzgado hasta que no se resuelva el conflicto planteado. De no hacerlo, la juez avisa que se podría incurrir en un delito de desobediencia. Para dar seguridad a la Junta del objeto que se investiga, la juez aclara en un subrayado que "no tendrán que aportarse los documentos presentados al Consejo de Gobierno que tengan carácter reservado". Y añade: "si hubiera actas en las que hipotéticamente se contuvieran deliberaciones, opiniones o votos, se suprimirán tales apartados", con una fórmula en la que la juez conoce que son partes eliminadas y cuyo contenido no se puede desvelar. La Junta debe asimismo argumentar la supresión de esos artículos.

Esta medida cautelar la fija la juez "con el fin de salvaguardar los fines de la investigación, es decir, para evitar, también en el terreno de la hipótesis, que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas del Consejo de Gobierno hasta tanto se dilucida el conflicto de jurisdicción". 

De una primera lectura del auto, la Junta se mostró dispuesta a enviar esta documentación al entender que se garantiza la "confidencialidad" de los asuntos abordados en las sucesivas reuniones del Consejo de Gobierno.  "No tenemos ningún reparo inicial" sobre la fórmula planteada por la juez, aseguró ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno.

Moreno agregó que también se le adjuntarán certificaciones, aunque no se les haya pedido. La consejera cifró el grado de colaboración con la Justicia "en un 99,9%" y señaló que "todo lo que sea compatible con el fuero, con la Ley del Gobierno, nosotros no tenemos ningún inconveniente de aportarlo a los juzgados". La Junta enviará todo lo que considera motivado y que se le reclama en el auto del 30 de marzo, incluidas las modificaciones presupuestarias de estos fondos.

La consejera aseveró que el Gobierno andaluz no quiere polemizar con la juez, pero por primera vez desde que se vienen produciendo estos desencuentros, sí quiso trasladar un "juicio crítico".

Visiblemente molesta, la portavoz del Gobierno andaluz evidenció el malestar del Gobierno con el "tratamiento" que recibe de la juez, que entre otras cuestiones ha reprochado en diferentes autos la "falta de colaboración" o la "pasividad" tras los avisos de la Intervención General de Hacienda.

"Menos mal que la Junta es parte acusadora y ha denunciado, por que vamos...", expresó la consejera, que destacó el esfuerzo "titánico" de la Junta para remitir más de 150.000 folios. La consejera comparó ese esfuerzo con la pasividad de otras administraciones, en concreto, la de Madrid, ante el caso Gürtel.

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