Reducir los tiempos de espera hasta cumplir “respetuosamente” los seis meses que marca la ley para atender a los nuevos dependientes. Éste es el objetivo principal del “plan de choque” aprobado hoy por el Consejo de Gobierno con el que se espera incorporar a más de 76.400 beneficiarios al sistema y cerrar el ejercicio con más de 234.000 personas en situación de dependencia, frente a los 183.300 contabilizadas al término del pasado mes de enero. El Ejecutivo regional se da un año de margen para “agilizar un proceso que es absolutamente prioritario”, según señaló la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La agilización de los trámites se acometerá en “función de la situación de la persona”. Según la consejera, habrá dos vías: los que entren por el acceso “normal, dentro del parámetro de tiempo que establece la ley”. Y por otro lado, se establecerá un camino para que, en función de la situación en la que se encuentre la persona, se anticipe su entrada al sistema

La iniciativa supone una inversión de 25 millones de euros que está comprendida dentro de la partida de 1.181 millones consignada en los presupuestos de la Junta de 2017 para sufragar la atención de la dependencia. La titular de Igualdad admitió que actualmente no se cumple en Andalucía el plazo legal de seis meses que reconoce la ley para el acceso a las prestaciones. “En los peores momentos hemos estado en una media de nueve meses”, señaló Sánchez Rubio, que aludió a la “asfixia económica” a la que está sometida la Junta por parte del Gobierno central. “Prácticamente el 80% del sostenimiento de la ley recae en la comunidad de Andalucía, cuando la ley dice que debería repartirse al 50%”, sostuvo la consejera de Igualdad, que estimó que la aportación de la Junta no llegaría “ni a 300 millones” –la cuarta parte de su presupuesto actual– si imitara la participación del Ejecutivo central en la dependencia.

El Gobierno andaluz calcula que el Ejecutivo central ha dejado de invertir 508 millones desde la aplicación de los recortes de 2012. A esta cifra se sumarían otros 16 millones correspondientes a la puesta en marcha de la teleasistencia avanzada. “Con esta cantidad, daríamos acceso a la dependencia a 108.000 personas y crearíamos 20.000 puestos de trabajo”, apuntó Sánchez Rubio.

El plan cuenta con tres bloques de medidas, referentes a agilización de procedimientos, ampliación de supuestos de excepcionalidad y mejora de la atención a las personas con dependencia moderada.

En el primero de estos ámbitos, el plan refuerza la colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, dado que los ayuntamientos son la "puerta de entrada" al sistema a través de los servicios sociales comunitarios.

El segundo de los bloques amplía y define los nuevos supuestos de excepcionalidad en el acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales.  “Pretendemos que la excepcionalidad no esté al albur de la interpretación en cada lugar del territorio y eso limite el acceso de estas personas a las prestaciones”, agregó la titular de Igualdad.Se incorporan así los menores de 21 años en etapa escolar; las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, y aquellas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resultan insuficientes y para las que la atención residencial se desaconseja por los servicios sociales comunitarios. En cuanto a la incorporación al sistema de las personas con dependencia moderada reconocida, se reforzarán las medidas comprometidas en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, y se ampliará la utilización de la red de Centros de Participación Activa de la Junta.

Entre otras acciones, destaca el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada como la prestación principal, en lugar de complementaria como hasta ahora, para las personas con dependencia moderada, ha explicado la consejera.

Esta ayuda permite la detección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos en el hogar; facilita la atención fuera del domicilio con elementos móviles y de localización; favorece la actuación de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, y tramita con mayor agilidad las citas médicas y consejos sanitarios a través de la integración en la plataforma de asistencia del 061 y Salud Responde. 

Una de las novedades consistirá en que los dependientes no sólo puedan ser atendidos en los centros de la Junta, sino en más de 900 instalaciones de titularidad municipal. La colaboración se concretará en convenios que el Gobierno andaluz deberá suscribir con los ayuntamientos interesados. “Esto nos permitiría un campo de trabajo muy interesante”, explicó Sánchez Rubio.

Andalucía concentra casi uno de cada tres dependientes de España a la espera de recibir las prestaciones a las que tiene derecho, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, que denuncia que la comunidad se encuentra en una “situación crítica” por el atasco que sufre. El informe cifra el número de dependientes desatendidos en Andalucía en 102.691 personas al cierre de 2016, frente a los 355.596 contabilizados en toda España.“Andalucía no está en una situación crítica”, señaló la consejera de Igualdad al ser preguntada por el dictamen del Observatorio de la Dependencia. Sánchez Rubio recordó que el Gobierno central cambió el sistema de control estadístico y apuntó que la coyuntura de Andalucía no es comparable a la de “una comunidad uniprovincial”.