La Junta demostró ayer que tiene mucha prisa por saldar su deuda con el Gobierno central de 1.400 millones en concepto de devolución de los anticipos a cuenta de la liquidación del sistema de financiación de 2008, derivados de la caída de la recaudación tributaria. Aunque el Ministerio de Economía dio en agosto a las comunidades un amplio plazo de cuatro años -a contar a partir de 2010-, para reembolsar lo que ingresaron de más, el Ejecutivo autonómico quiere resolverlo cuanto antes y sopesa compensar ese débito con la deuda histórica: el Gobierno aún tiene pendientes con Andalucía 784 millones que, bien en metálico o suelos, tendrán que estar listos de aquí al 20 de marzo del próximo año.

La consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, enmarcó esta posibilidad como una más dentro de las que se vienen barajando desde que en los Presupuestos Generales del Estado de 2010 se recogiera que en dinero, bienes y derechos, podrá ser cobrada. Sin embargo, lo que para Aguayo es una "opción abierta", para Griñán tiene la categoría de "impepinable". "Si el Estado debe a la comunidad más de 780 millones y nosotros más de 1.000, la resta es muy clara, aunque ya veremos como se devuelve", apostilló. De hecho, ya apuntó en esta línea en junio, tras su primera reunión oficial con Rodríguez Zapatero para abordar el nuevo sistema de financiación.

La reacción de la oposición fue contundente; tanto PP como IU defienden que la deuda histórica debe ser pagada exclusivamente en dinero y están dispuestos a llegar a los tribunales. El presidente del PP-A, Javier Arenas, vio una "conspiración indigna e ilegal" y el líder regional de IU, Diego Valderas, una "doble sumisión" a Madrid.