La Junta de Andalucía no ve motivos para que el Gobierno central vuelva a llevar al Tribunal Constitucional su organización de la jornada laboral de los empleados públicos. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, defendió ayer que "nadie puede poner ni la mas mínima objeción" al acuerdo consensuado ayer con las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación Común, que reserva media hora diaria de formación y preparación de tareas y la contempla para alcanzar una jornada semanal laboral de 37,5 horas. Este pacto da cumplimiento a la sentencia emitida el pasado viernes por el Alto Tribunal en contra de las 35 horas en el ámbito de la Administración andaluza, donde estuvieron vigentes entre 1999 y 2012 y fueron reinstauradas el pasado mes de enero. "No creo que vayan a recurrrir. Y si de verdad el Gobierno central consisdera que se trata de un problema de igualdad entre administraciones, que regule la jornada de 35 horas para toda España", sostuvo la titular de Hacienda.

El Ejecutivo andaluz elevará la jornada laboral de sus trabajadores a las 37,5 horas semanales, de las que 35 horas serán presenciales. Las 2,5 horas restantes se dedicarán, según Montero, a "preparación y organización de las tareas propias del puesto de trabajo, así como consultas y formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional". Este intervalo, distribuido a razón de media hora diaria, tendrá la consideración de trabajo efectivo y computará dentro de la jornada general de trabajo. En su opinión, son tareas que ya realizaban con anterioridad, "quitando tiempo del ámbito familiar y de ocio, pero no computaban como jornada y ahora sí". Montero agregó que el control de las labores no presenciales será similar al que se aplica en el sector docente. "Y con el devenir de cómo se vaya aplicando, iremos ajustando", resaltó la consejera.

El control del trabajo no presencial será similar al que se efectúa en educaciónLos sindicatos valoran la medida y afirman que no hay burla ni insumisión al TC

Respecto al personal de la educación, las tareas de la jornada se reorganizarán de forma que, manteniendo las veinte horas lectivas, en este curso se considerará lectiva una hora de guardia y dos en el curso 2018/2019. Por su parte, el horario de no obligada permanencia pasa de cinco a 7,5 horas, tal y como se aplicó en 2012 a raíz de la entrada en vigor de los ajustes del Gobierno central.

La titular de Hacienda insistió en que la organización de la jornada laboral entra de pleno en las competencias de las comunidades, según se desprende del Estatuto Básico del Empleado Público y del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Montero recordó que ya hay medidas similares en otras administraciones, como sería el caso de la empresa pública estatal Aena, donde los empleados pueden reducir su jornada diaria en media hora si llegan al trabajo antes de tiempo. Extremadura también cuenta con una disposición parecida a la andaluza, aunque por ahora se circunscribe únicamente a la Administración general y no abarca sanidad y educación.

La medida consensuada con los sindicatos será ratificada hoy por el Consejo de Gobierno para su entrada en vigor "inmediata" y no supone desembolso extra. Permitirá mantener los 7.000 puestos de trabajo creados a raíz de la aplicación de las 35 horas a partir del pasado mes de enero, y no se modificarán "ni los turnos de trabajo ni las planillas ni los horarios". Comenzó a negociarse tras el pasado verano, después de que el Gobierno andaluz fuera advertido por las centrales del cambio de actitud del Ejecutivo central, cuya disposición favorable a la aplicación de las 35 horas semanales en el sector público se tornó en rechazo conforme se complicaba la negociación de los presupuestos de 2018.

Los sindicatos valoraron positivamente la medida y aseguraron que no implica ni burla ni insumisión al fallo del Constitucional. El secretario general de la FESP-UGT-A, Antonio Tirado, considera que con este acuerdo se cumple el objetivo de aplicar las 35 horas a los trabajadores públicos. Sin embargo, incidió en que no resuelve las desigualdades retributivas entre los empleados de las administraciones en función de su lugar de trabajo. "Un navarro está mejor remunerado que un andaluz. Eso es más importante que las 35 horas", citó a modo de ejemplo.

El responsable del área de los trabajadores públicos de CCOO-A, Agustín de la Cruz, subrayó que "no hay previsión de que el Gobierno recurra", y valoró que se vuelvan a reconocer las horas de formación fuera del trabajo.

El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, expresó su deseo de que el pacto "sirva de punta de lanza para que todos los trabajadores, no sólo los públicos, tengan la posibilidad de acogerse a una jornada de 35 horas". Heredia admitió que se buscó una solución "imaginativa" para respetar del fallo del TC. "No somos insumisos. Damos cumplimiento a la sentencia y satisfacción a los trabajadores públicos", abundó.